sábado, 16 de febrero de 2019

Aplicación que carga celulares con wifi

El Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) informó de un invento desarrollado por el ingeniero español Tomás Palacios que podría ser el futuro de los dispositivos electrónicos que requieren de ser recargados con frecuencia, tales como teléfonos celulares, computadoras portátiles y otros como prendas usables conocidas como weareables.

16 de febrero de 2019
El desarrollo de Palacios y su equipo consiste en un pequeño aparato capaz de transformar las ondas electromagnéticas de la red inalámbrica en electricidad, haciendo posible que en tan solo unos segundos los aparatos obtengan la carga necesaria para seguir funcionando. La idea principal de este invento es usar las señales de la red inalámbrica como cargadores, lo cual no es nuevo, ya que existen y se conocen como antenas rectificadoras “rectenas”, sin embargo, esta es la primera vez que esa tecnología se consigue en un dispositivo flexible que no requiere de grandes estructuras.

De acuerdo con Palacios, el funcionamiento consiste en “recoger” la señal inalámbrica y conectarla al dispositivo utilizando disulfuro de molibdeno (MoS2), uno de los semicoductores más finos del mundo. Una vez que las ondas han sido captadas, el MoS2 las convierte en electricidad, recargando los dispositivos.

De acuerdo con lo publicado en la revista Nature, este invento tiene grandes posibilidades, y es que no solo podría servir para cargar dispositivos en ciertos momentos, sino que puede ser capaz de almacenar energía las 24 horas del día, la cual podría ser utilizada en infinidad de aplicaciones "¿Y si pudiéramos desarrollar sistemas electrónicos que envolvieran un puente o una carretera y así traer inteligencia artificial a todo lo que nos rodea?", se preguntó el investigador.

viernes, 15 de febrero de 2019

Advierte el SAT póngase al corriente

El Servicio de Administración Tributaria invitó a los contribuyentes a acercarse a ellos y regularizarse, de lo contrario habrá medidas.

14/02/2019
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) invitó a los contribuyentes a poner en orden su situación fiscal antes de presentar la declaración anual que para las empresas será en marzo y para las personas físicas en abril, pues advirtió que después de ese periodo vendrán medidas para cumplir el pago de impuestos.

Pónganse en orden, porque luego van a venir las medidas, no se las puedo adelantar aquí, y a lo mejor van a decir que por qué no les avisamos, les estamos avisando: pónganse en orden ahorita, sobre todo antes de las declaraciones”, advirtió la jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat.

Entrevistada al término de la presentación del libro Sistema Fiscal Mexicano, editado por Thomson Reuters, dijo que el SAT hará un combate frontal a la evasión fiscal y la informalidad, por lo que habrá acciones constantes para ello y no bajarán la guardia para obtener más recursos provenientes del combate a la evasión.

Las acciones son constantes, no ceden, yo les diría que no se confíen a los que están en desorden, a los que sienten que no están al día no se confíen, pónganse en orden, ahorita aprovechen esa circunstancia para ponerse en orden, acérquense a nosotros, a la página de internet del SAT o por teléfono”, señaló.

Cuestionada sobre si habrá una estrategia contra la evasión en el sector hidrocarburos, a propósito del plan del Gobierno para fortalecer al sector energético, dijo que el SAT hará una revisión a ese sector pero también al resto de los sectores de la economía mexicana.

Lo que estamos haciendo es alinear incentivos, en muchos rubros, y algunas cosas en esos alineamientos pueden ser pequeñas cositas pero ese efecto puede ser muy representativo y muy fuerte para nosotros, por eso digo, alinear incentivos pueden ser pequeñas cosas, modificaciones, ajustes a reglas, al marco normativo y ciertos procesos internos del SAT”, comentó.

La Ley de Ingresos de la Federación 2019 contempla una recaudación de impuestos por 3 billones 311 mil millones de pesos, de los cuales 53 por ciento, es decir, un billón 752 mil millones de pesos provendrán de recaudación del Impuesto Sobre la Renta.

miércoles, 6 de febrero de 2019

Inversiones inmobiliarias



Temas de interés público:
Inversiones Inmobiliarias 
Las inversiones en bienes raíces son a largo plazo, por lo que la volatilidad en los mercados a causa de procesos electorales (corto plazo) tiene un mínimo impacto, sostienen ejecutivos de diversas firmas inmobiliarias. >>> 



Adk Word inversiones inmobiliarias  - Alejandro Jalil Garcia Monreal

jueves, 24 de enero de 2019

Sitios fraude en INTERNET

Sitios fraude en INTERNET


Estar conectado es una gran ventaja pero también te expone a trampas que te pueden hacer perder tu dinero si no estás al tanto de cómo operan los estafadores. 

La siguiente recopilación de información realizada por el periodista Rodolfo Herrera Charolet , que forma parte de su libro FRAUDES, pretende alertar a los usuarios de Internet de los riesgos que corren y de algunas de las formas que se han encontrado para cometer fraude. Al final de la recopilación de información que se presenta, se indican los sitios fuente en los que el usuario puede ampliar la información que se presenta.

Existen  muchas formas en las que los ciberdelincuentes especializados o personas sin escrúpulos buscan aprovecharse de las personas que navegan en internet y/o usan redes sociales y apps de mensajería instantánea.

Estar conectado es una gran ventaja pero también te expone a trampas que te pueden hacer perder tu dinero si no estás al tanto de cómo operan los estafadores.

En redes sociales
Comentarios falsos en FB: Cuando una publicación en Facebook comienza a hacerse popular, es decir, cuando muchas personas comentan, comparten o reaccionan a ella, no faltan los perfiles —seguramente falsos también— que comparten links a sitios con supuestas promociones u opciones atractivas de negocio. No des clic a éstos pues te pueden llevar a links cuyo objetivo es robar los datos de tus tarjetas de crédito.

Cuentas falsas de atención al cliente: En Twitter es común tener una comunicación rápida y concisa con cuentas de atención al cliente de diversos servicios. Sin embargo, hay algunas manejadas por personas que buscan llevarte a links maliciosos y se hacen pasar por las cuentas oficiales. Fíjate bien porque estas cuentas pueden tener un signo de más o una letra cambiada para confundirte, mejor revisa si está verificada.

En el correo electrónico
Phishing:  Es una forma de estafa virtual mediante la cual, los criminales te hacen llegar un e-mail que se hace pasar por una institución bancario o algún organismo como la Condusef y cuyo objetivo es recabar datos personales y de tarjetas de crédito y débito. Por ello, debes tener cuidado si recibes un mail de tu banco pidiendo que corrobores tus datos ya que ninguna institución lleva a cabo esta práctica vía correo electrónico.

Falsas ofertas de empleo: Si te encuentras en la búsqueda de empleo o estás registrado en alguna bolsa de trabajo, no te parecerá raro recibir una oferta de empleo, sin embargo, hay algunos que se aprovechan para emocionar a las personas con propuestas irreales y, a cambio del puesto, les piden un depósito para 'continuar con el proceso' o 'por gastos administrativos'. No caigas en la trampa, no deposites a ninguna cuenta bancaria por este tipo de 'ofertas'.

En la web
Cupones de descuento: Si navegando en redes te sientes tentado por darle clic a alguna promoción irresistible, detente. Algunos criminales buscan robar tu información con estos anuncios. Una vez que vas al enlace te piden llenar un cuestionario o un formato.

Falso préstamos exprés: Este es un gran riesgo pues para poder tramitar el 'préstamo' los delincuentes seguro te pedirán un depósito. 

Páginas apócrifas: Debes tener mucho cuidado en revisar que al ingresar a la página de tu banco, sea la original y no una página falsa diseñada de manera muy similar para engañarte. 

Páginas que te borran del Buró: La Condusef  ha alertado de páginas que ofrecen borrarte del Buró de Crédito o detener acciones de cobranza. Hace poco informó sobre una que utilizaba un formato semejante al formulario del Reporte de Crédito Especial utilizado por el Buró de Crédito y de esta manera aprovechaba para hacerse de información como: nombre, dirección, teléfono, RFC, CURP y correo electrónico.

En WhatsApp
Flor de la Abundancia: Este es otro esquema piramidal que se conoce como Células de Gratitud, Bolas Solidarias, Círculo de la Prosperidad, Rueda de la Amistad y Mandala, y es difundido, principalmente, por mensajes de WhatsApp. Puede que seas invitado por un conocido pero participan otras personas que desconoces y el chiste es dar dinero y reclutar más participantes para ir subiendo de nivel y así recibir más dinero. Si quieres saber más sobre cómo funciona ve este enlace, pero lo que debes saber es que corres el peligro de perder tu dinero.

Fraude con la Flor de la Abundancia

Así opera la 'Flor de la abundancia'
Recopilación de información realizada por el periodista Rodolfo Herrera Charolet que se difunde para la atención pública y prevención de fraude. La información contenida es responsabilidad de los sitios que lo publican y que se listan al final (Fuentes) de este artículo.
  • ¿Quieres invertir poco y ganar hasta siete veces el monto inicial? Ésa es la oferta con la que engancha "La Flor de la Abundancia".

La flor de la abundancia es una forma de fraude que empieza con una promesa de ganar mucho.

Las estafas con esquemas piramidales están cobrando un nuevo auge en las redes sociales en México ahora con la llamada ‘Flor de la abundancia’, que ofrece ganancias de 700 por ciento en corto tiempo y mueve millones de pesos en el país.

Estos esquemas operan millones de pesos y son miles los participantes. Por 128 flores que se realicen donde las aportaciones por persona sean de 27 mil pesos, se acumula poco más de 55 millones de pesos, recursos que en la mayor parte se quedan en manos de unos cuantos.

En una flor son 15 los participantes, donde ocho personas son las que hacen las aportaciones. Si dan 27 mil pesos, se acumulan 216 mil pesos que son para una sola persona, la que está en el mayor nivel.

Sólo una persona recibe el dinero en cada flor y son ocho las que tienen que aportar recursos.

Es el dinero que se promete a cada aportante, pero la probabilidad de que todos los “inversionistas” reciban el monto prometido es muy baja.

Un sondeo realizado confirmó que existen flores donde las aportaciones son 27 mil pesos; 24 mil pesos; 12 mil 500 pesos, pero también existen unas donde las aportaciones se fijan 3 mil pesos, mil pesos y 500 pesos, a veces hasta menos.

Abraham Vergara, catedrático del departamento de estudios financieros de la Universidad Iberoamericana, explicó que se necesitan 360 mil pesos para que una flor donde las aportaciones son de 3 mil pesos cubra a todas las personas que aportaron, es decir que los 15 participantes reciban su dinero.

La promesa para que las personas inviertan en estos esquemas es incrementar exponencialmente el dinero que aporten. Por ejemplo, para quienes aporten 12 mil 500 pesos se les promete regresar 100 mil pesos. Esas aportaciones se hacen de buena fe, no se firma ningún documento, sólo se deposita en una cuenta.

De acuerdo con testimonios recabados existen personas que han vendido pertenencias para completar la “inversión” que se les pide a cambio de aumentar exponencialmente este dinero.

Desde hace un mes María espera una llamada que no llega. Ella junto con tres familiares invirtieron en una flor de la abundancia que les prometía retornos de 24 mil pesos por aportar 3 mil pesos.

La persona que los invitó a participar simplemente desapareció y aunque no responde llamadas, María aún espera recuperar por lo menos el dinero que “invirtió”.

El caso de María es común. En los grupos que existen en Facebook sobre la Flor de la Abundancia es normal leer a personas desesperadas porque aún no les llega su recompensa, otras más buscan por ese medio a “pétalos” que participen y aporten recursos.

En Chiapas, Alina ya es el siguiente centro de la Flor, pero para recibir su premio de 100 mil pesos, necesita convencer a ocho personas para que inviertan 12 mil 500 pesos.

Para participar en una Flor de 24 mil pesos con la promesa de recibir 192 mil pesos, Marisela vendió una camioneta que tenía, entregó el dinero y ahora la persona que la invitó desapareció.

Se estima que en este año comenzaron a operar los esquemas como la flor de la abundancia en España.

Para que los inversionistas reciban sus ganancias requieren forzosamente reclutar a más personas que aporten, de no hacerlo la Flor puede caerse y entonces pierden su inversión.

Para que mil personas ganen se requiere la participación de unas 14 mil 700 personas. Así, para que un millón ganen, se requiere de casi 15 millones más de personas.

En las últimas semanas la creación de grupos de “ahorro” está retomando fuerza, las redes sociales ayudan a propagar los tipos de esquemas piramidales, que ofrecen altas ganancias a quienes participan dentro de estas.

Actualmente existen más de 100 grupos en Facebook que promueven este tipo de inversiones, algunos con 2 mil 500 miembros. En cada grupo diversos usuarios promueven flores que ellos mismos conforman. La entrega del dinero se pide que se realice a través de transferencias.

PERSONAS, INDEFENSAS: CONDUSEF
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) advirtió que no podrá defender a las personas en caso de que tengan problemas al invertir su dinero en alguno de estos esquemas pirámide, ya que ni son una institución financiera debidamente regulada, ni tampoco una figura legalmente reconocida. Alertó por la proliferación reciente que están teniendo estos esquemas.

Por está situación, las Fiscalías Generales de diversas entidades federativas han instado a la población a denunciar este tipo de fraudes, por ejemplo en Campeche, Yucatán y Chiapas.

Al cierre de mayo, tan sólo en la Ciudad de México se tienen registrados mil 6 fraudes en esquemas piramidales, cantidad superior a la reportada en el mismo mes del año pasado cuando se registraron 978.


Tiene otros nombres
Tiene diversos nombres: flor o telar de la abundancia, rueda de la amistad o célula de la gratitud. Pero el único denominador común es que es un fraude.

Si introduces "flor de la abundancia" en el buscador de Facebook, verás que la lista es inacabable y que el dibujo de una flor de pétalos rosados aparece a menudo intercalada con fotos de billetes o de multiplicaciones imposibles.

Pero, a pesar de que como indica su nombre, la flor abunda en la red, si caes en la trampa lo más probable es que tu dinero no lo haga. Y que, si lo hace, sea a base de engañar a otros.

La estafa no es nueva, pero se sigue extendiendo por América Latina, desde Argentina hasta México, Chile, Colombia, Uruguay o Ecuador.

4 estafas que están circulando en las redes sociales y cómo no sucumbir a ellas
Antes se difundía únicamente a través de amigos o familiares. Ahora, las redes sociales han ayudado a propagarla rápidamente.

Todos los integrantes de las comunidades de la flor de la abundancia en Facebook prometen lo mismo: si inviertes el mínimo dinero, recibirás hasta ocho veces más.

Al romperse la cadena, quienes aportan dinero no pueden recuperarlo.

Condusef, México
Con un requisito fundamental: para poder formar parte de la cadena debes dar tu número de Whatsapp.

Te explicamos cómo funciona este fraude, cómo llegó a extenderse y qué puedes hacer para no dejarte atrapar por él.

"Insostenible"
El esquema es el siguiente: se trata de un sistema piramidal.

La flor se compone de 15 pétalos y un centro; 15 personas en total, divididas en cuatro niveles.

Las redes sociales facilitan la expansión de este tipo de estafas piramidales.
Nivel 1: El primer integrante (el "centro" de la flor), invita a unirse a dos personas más y es quien recibirá, supuestamente, todo el dinero y quien organiza la cadena
Nivel 2: Las dos personas reclutadas (los apoyos), reclutan, a su vez, a otras dos cada una, y quedan a la espera de que el primero se salga de la pirámide para cobrar
Nivel 3: son cuatro personas que ya depositaron una suma de dinero y deben atraer a dos nuevos interesados
Nivel 4: ocho personas en total (los "pétalos" del extremo de la flor), que deberán aportar más dinero. Y ese dinero será recaudado por quien inició la pirámide

Y ahí el proceso comienza de nuevo, de forma multinivel, a veces disfrazado de la venta de algún producto "mágico" que, por lo general, no tiene valor real o incluso ni siquiera existe.

Para quien quiera recaudar dinero de forma "fácil" y sin esfuerzo tal vez parezca tentador. Pero varios organismos, instituciones y asociaciones de afectados advierten del peligro de caer en el engaño.

Entre ellos, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) de México, que acaba de emitir un comunicado señalando el auge de este tipo de fraudes en el país.

"El punto clave para que estos sistemas se mantengan es que requieren seguir captando dinero de nuevos 'inversionistas', hasta que llega un momento en que se vuelven insostenibles", advirtió el organismo.

"Al romperse la cadena, quienes aportan dinero no pueden recuperarlo", dijeron los expertos.

Consejos para no caer en la trampa:

  • Si te ofrecen participar en una inversión muy atractiva, no te dejes llevar por la primera impresión: investiga a fondo de qué se trata
  • Invierte siempre en esquemas establecidos y regulados
  • Compara y elige la institución financiera que te ofrezca el producto con la mejor tasa de rendimiento y te cobre menos comisiones
  • Infórmate y comprende bien cómo funciona la inversión que elegiste
  • Pide información detallada de plazos y nivel de riesgo
  • No inviertas todo tu dinero en una sola opción de inversión.

Fuente: Condusef, México

Obtener cifras exactas sobre este fenómeno no es fácil, pues se extiende de manera completamente irregular. La flores de la abundancia, tal y como explica Condusef, no son instituciones bancarias ni tienen una figura legalmente constituida.

A comienzos de este año, varios diarios argentinos informaron sobre su propagación en el país, especialmente a través de Whatsapp y en la zona de Mendoza.

Medios locales alertaron de una célula en Mendoza (Argentina) especialmente activa en Whatsapp, a principios de este año.
Pero hay "células" en todo el mundo.

Algunos países, como Suiza, lo hicieron ilegal.

Y, por ejemplo, en España -donde comenzaron a propagarse hace casi una década-, hay algunas leyes que lo prohíben. Aunque hay vacíos legales, se quejan algunos afectados.

Mientras tanto, las flores siguen creciendo a través del boca a boca y de las redes sociales.

Cómo protegerse de las estafas más comunes en internet
Qué es el fraude de los mensajes Premium en los celulares y cómo evitar caer en él
Pero son también muchos los que las denuncian, fuera y dentro de la internet, a través de blogs, de videos de YouTube o de las propias comunidades de Facebook.

Es el caso de Juan Carlos Flores, un mexicano que cuenta en YouTube cómo fue engañado por "amistades ignorantes", tal y como él mismo las define.

"Crean un círculo de personas estafadas y justifican su actitud de estafar a otras personas porque no quieren perder su dinero", explica Juan Carlos.

"Hay que hacer conciencia y que se informe la mayor gente posible de este fraude".

Por su parte, los promotores de este tipo de iniciativas hablan de "oportunidades" y de "trabajar en equipo", defendiendo lo que consideran "el mejor sistema de inversión".

"Solo el 3% de la población tiene éxito y el otro 97% se conforma con lo que tiene, ¿en qué lugar estás tú?", son algunas de las frases que utilizan para atraer nuevos participantes a través de Facebook.

Dinero fácil que huele a fraude
Flor de la Abundancia Es una manera fácil de ganar dinero que ha causado revuelo en redes sociales y, de acuerdo a expertos en finanzas, los pequeños inversionistas están corriendo riesgos.
Nota del editor: Invitamos a Pepe Ramos, licenciado en Derecho con experiencia en el sector financiero y actualmente Coordinador General de Asuntos Jurídicos de un Organismo Descentralizado del Gobierno Federal, para que escribiera sobre el tema. Del mismo modo nos acercamos a CNN Expansión, sitio web especialista en finanzas, para que nos compartiera parte de la investigación que realizó bajo el título "La ‘Flor de la Abundancia', con riesgo de marchitarse".

Pepe Ramos explica:

Muy probablemente a estas fechas un familiar, amig@ o conocid@ "buena onda" se acercó para ofrecerte una "gran oportunidad" de hacer dinero mediante un modelo (que resulta ser la alternativa al sistema económico en el que estamos inmersos) en forma de flor y vistosos colores que te permitirá "multiplicar la magia" y recibir la "abundancia del universo" en billetes "contantes y sonantes".

¿Cómo funciona?

1- La "flor" está formada por 15 personas, segmentadas en cuatro niveles: 14 que ocupan posiciones llamadas "pétalos" y una que ocupa el centro.

2- Cuarto nivel (posición fuego). Consta de ocho pétalos color lila ocupados por las últimas personas en ingresar -que son quienes dan el dinero- "confiando" en que la vida le regrese ocho veces lo que "desinteresadamente" dan. Estos pétalos se agrupan en pares "colgando" del siguiente nivel.

3- Tercer nivel (posición viento). Son cuatro pétalos naranja y son los encargados de atraer nuevos "inversionistas" o "donadores" (término que varía según quién te invite) a la "flor". Mismos que nuevamente se agruparán en pareja, y "colgarán" de un pétalo del siguiente nivel.

4- Segundo nivel (posición tierra). Son los que "cuelgan" del centro de la flor y supuestamente lo ayudarán en lo que necesite, motivando a los demás miembros de la flor en esta "noble tarea".

5- Primer nivel o "centro de la flor" (posición agua). Es quien recibirá "toda la abundancia del universo" para hacer sus sueños realidad.

6.- Cuando la "flor" está llena, las ocho personas que están en el cuarto nivel, entregarán una cantidad de dinero a quien ocupa la posición central. El monto es variable, dependiendo de la "apotación" inicial, por ejemplo si fue de $1,000 pesos cuando llegue al centro éste recibirá $8,000, lo que equivale a un 700% más de lo originalmente aportado.

7.- Cuando el centro recibe la "donación" éste sale de la flor. Posteriormente los demás "inversionistas" se separan para crear dos "flores" o células y los demás pétalos "suben" de posición. Ahora las dos personas que formaban el segundo nivel ¡Serán el centro de su propia "flor"! El ciclo se repite como lo mencioné anteriormente. Cabe recalcar que los siete "iluminados" que iniciaron la pirámide y que ocuparon los tres niveles originales SIN APORTAR UN CENTAVO habrán recibido ocho veces la cantidad estipulada.

¿Hay algo malo en todo esto?

No hace falta ser matemático para descubrir que esta "flor" huele muy mal, pues visto como una "inversión" por más buena energía y decretos que se hayan realizado -aún a pesar del "trabajo" que implica a los que forman el tercer nivel atraer a sus respectivos "inversionistas"- no ha existido ningún tipo de actividad económica o comercial que permita o justifique la existencia de una ganancia, mucho menos de una tan grande, considerando que en el mercado financiero regular es prácticamente imposible obtener un interés superior a un 4% ANUAL por una cantidad tan pequeña, siendo que hay "flores" que incluso pagan un 700% de "rendimiento" en UN SÓLO DÍA.

¿De dónde salen las "ganancias"?

Bueno, esta "flor" cuando se desnuda de sus fragantes pétalos y colores, no es más que el viejo esquema piramidal que se alimenta de las aportaciones que van realizando los nuevos miembros, mismo que regresa en busca de incautos, ambiciosos y necesitados que lo alimenten. Por lo que la "ganancia" que unos pueden llegar a recibir es dinero que tarde o temprano alguien perderá y lamentablemente será un 90% o más de los que hayan participado.

Probablemente estés pensando "¡Yo conozco gente que ha cobrado! ¿Por qué dices que no funciona?". Como ha quedado claro, siempre que se paga y se cierra una flor se forman dos nuevas flores, es decir, es un modelo exponencial. Es cierto que habrá "centros" que cobrarán pero debemos recorDar que el número de individuos que pueden ingresar a la pirámide está limitado al número de habitantes en el planeta tierra, y toda vez que funciona en una proporción de ocho a uno, el resto sería impagable.

Para ser más claros: si en el mundo sólo hubiera 10 personas que aportaran un peso a este sistema (dando un total de $10 pesos) y esperaran recibir cada una $8 pesos (total de $80 pesos), faltarían $70 pesos por pagar, cantidad que les puedo asegurar no surgiría de la buena vibra.

Entrar a una "flor de la abundancia" es jugar a la ruleta rusa, donde todos creen que no les tocará la bala, sin darse cuenta que este revólver de 15 tiros en el cilindro ya tiene 14 cargados. Y mientras más tiempo pase, más probable será que no te toque librarla, pues eventualmente va a colapsar por falta de nuevos miembros. Este modelo es una deuda que se va transmitiendo de nivel a nivel y cuenta con dos variables que no son infinitas: seres humanos y dinero.

Carlo Ponzi realizó una de las estafas financieras más grandes en los años 20, en Estados Unidos, utilizando este sistema al que se le conoció posteriormente como Esquema Ponzi. (Especial)

¿Es fraude?

Sí y no. Todo depende de cómo te fue presentado, es decir si existió engaño en el ofrecimiento. Si te explicaron claramente cómo funcionaba o te aseguraron que multiplicarías tu dinero. Hace unos días, cuando la información no había salido "a la luz", nadie aclaraba o parecía tener conciencia de que las flores están condenadas a colapsar, así que se ofrecía como un sistema de inversión muy seguro, donde por arte de magia todos cobrarían y nadie perdería. Desde mi perspectiva podría ser tipificado como fraude, además de ser una forma clara de captación ilegal de dinero.

El problema radica en que aunque existan elementos para iniciar una acción legal, normalmente quien te invitó es una persona bien intencionada con la que tienes una relación cercana, que está en una situación similar a la tuya y a quien difícilmente pensarás en denunciar.

¿Por qué ha tenido tanto éxito la Flor de la Abundancia?

Lamentablemente, por la falta de cultura financiera en el país -más en tiempos en que la situación económica no es tan boyante, la gente regularmente con MUY BUENAS INTENCIONES decide ingresar a estos modelos, creyendo que es una alternativa viable a la forma en que genera sus ingresos e incluso al sistema económico capitalista, creyendo que lo mejora. Lo cierto es que en la práctica resulta ser todo lo contrario, ya que es un esquema donde las probabilidades juegan en contra y en donde si tú obtuviste un beneficio, eventualmente (y esto es un hecho, no es algo que "puede ser") muchos tendrán una pérdida aunque tú no los veas o conozcas. Esto, en terminos de ética no es correcto porque el "karma" suena bien, hasta que nos toca pagarlo o a alguno de nuestros conocidos.

¿Qué dicen otros expertos?

Expertos en finanzas personales advierten que se trata de un fraude "que huele a kilómetros" donde la gente entusiasmada por obtener dinero fácil pone en riesgo sus ahorros e involucra a personas de su confianza sin la seguridad de que al final obtengan los recursos prometidos, afirma CNN Expansión.

Este es un ciclo que necesita estar constantemente alimentado, de lo contrario los inversionistas habrán perdido su dinero. "Este tipo de esquemas es una tomada de pelo, donde en el mejor de los casos pierdes dinero y en el peor embaucas a tus amigos, porque eventualmente alguien se queda fuera. Algunos harán dinero, pero será a costa de que les vaya mal a sus amigos", dijo la experta en finanzas personales Adina Chelminsky.

"Esta moda financiera puede acabar en problemas para ti y tu familia y, si entras en una red con desconocidos, hay riesgo tanto de perder el dinero y tus datos personales (número de whatsapp o perfil de FB)", alertó la autora del Pequeño Cerdo Capitalista, Sofía Macías.

Notas relacionadas:


  • 7 malos hábitos que te impiden hacerte rico.
  • La "Flor de la Abundancia" con riesgo de marchitarse.
  • La recomendación de las expertas en finanzas personales es que los pequeños inversionistas no entren en estos esquemas de dinero fácil. "Si ya estás dentro, salte lo más rápido que puedas, aunque eso significaría derrumbar el esquema", dijo Macías.


Buscar opciones de inversión más seguras y en instrumentos regulados por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) es otra opción. Ya que en estos esquemas informales como "La Flor de la Abundancia", las tandas o las cajas de ahorro caseras el "inversionista" no tiene protección de nadie.

"Nadie en el mundo recibe nada gratis. Esto es una patraña, el dinero se consigue con el trabajo, con sanas inversiones", agregó Adina Chelminsky.

Si deseas conocer la investigación que realizó CNNExpansión.com da clic aquí.

La ‘Flor de la Abundancia’, un fraude que huele a kilómetros

Una manera fácil de ganar dinero ha causado revuelo en redes sociales y, de acuerdo con especialistas, los pequeños inversionistas están corriendo riesgos. El esquema en forma de pirámide, donde el que está en la cima gana el dinero que aportan los que están abajo, se llama 'La Flor de la Abundancia'.

Expertos en finanzas personales advierten que se trata de un fraude “que huele a kilómetros” donde la gente entusiasmada por obtener dinero fácil pone en riesgo sus ahorros e involucra a personas de su confianza sin la seguridad de que al final obtengan los recursos prometidos.

En el grupo de Facebook 'Flor de la Abundancia' se detallan las reglas . La pirámide o flor tiene cuatro niveles: Nivel uno o 'Agua', nivel dos 'Tierra', nivel tres 'Aire' y nivel cuatro 'Fuego', éste último se compone de ocho pétalos. Todos los inversionistas empiezan en el nivel fuego y aportan 3,000 pesos.

Este dinero se deposita a la cuenta bancaria de la persona que está en la fase 'Agua'. Cuando la persona de esta zona tiene sus 24,000 pesos -que aportaron los ocho pétalos fuego-, sale de la flor. Quien permanecía en el nivel 'Tierra' sube y de nuevo los que están en las etapas dos y tres tienen la misión de conseguir a personas que quieran aportar 3,000 pesos. Ellas serán los nuevos pétalos fuego que le darán su dinero al centro de la flor.

Este es un ciclo que necesita estar constantemente alimentado, de lo contrario los inversionistas habrán perdido su dinero.

“Este tipo de esquemas es una tomada de pelo, donde en el mejor de los casos pierdes dinero y en el peor embaucas a tus amigos, porque eventualmente alguien se queda fuera. Algunos harán dinero, pero será a costa de que les vaya mal a sus amigos”, dijo la experta en finanzas personales Adina Chelminsky.

Las inversiones más populares son de 3,000 pesos, y buscan obtener  una ganancia de 24,000, pero hay  apuestas desde 50, 100, 200, 500 o 1,000 pesos.

Bajo la filosofía de que 'si regalas el dinero, se te multiplicará', los organizadores llaman a los pequeños inversionistas a que trabajen en equipo y tengan paciencia, pues las flores pueden tardar en cerrarse -es decir, que logren conseguir a ocho inversionistas para juntar los 24,000 pesos- en máximo 12 días.

Ya existen en Facebook varios perfiles, páginas y grupos que se llaman La Flor de la Abundancia,  que reclutan a inversionistas de toda la República Mexicana y mantienen contacto con ellos vía whatsapp para intercambiar frases de apoyo, avisos de si ya se hicieron los depósitos o si consiguieron más 'pétalos fuego'.

Mujer vinculada a proceso: fraude en Flor de la abundancia
Una participante la denunció luego de no haber recibido los 216 mil pesos que se le habían prometido en el plazo de un mes

Los Cabos, Baja California Sur.- Una mujer fue vinculada a proceso por el delito de fraude específico durante la tarde del pasado martes luego de llevarse a cabo una audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal de Cabo San Lucas.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), informó que esta persona cometió este ilícito en julio del 2016, cuando la víctima le entregó 27 mil pesos para un negocio conocido como "Telar de la abundancia" o "Flor de la abundancia", en el cual se prometió que recibiría a cambio 216 mil pesos en el plazo de un mes.

Esquema de la "Flor de la abundancia"
Luego de llegarse la fecha indicada, la víctima no recibió el dinero, ni la devolución de lo que había invertido, por lo que acudió al Ministerio Público a interponer una denuncia contra esta mujer.

Un juez de control le decretó acudir ante las autoridades a poner su firma cada quince días, y se le prohibió tener contacto con la afectada.
Luego de que el día de ayer (martes), se le dictó Auto de Vinculación a Proceso, se otorgó un plazo de 2 meses para la investigación complementaria.

Cabe mencionar que el famoso negocio llamado "Telar o Flor de la abundancia", funciona en forma de pirámide, donde un grupo de personas se pone de acuerdo para otorgar un primer y único pago inicial, y a un plazo determinado supuestamente recibirá su inversión cuatriplicada.

Con información de BCS Noticias

La estafa de la Flor de la Abundancia

¿Les ha llegado una invitación para unirse a la Flor de la Abundancia vía Whatsapp o Facebook ? Espero que no o que por lo menos no se hayan unido a esta estafa, porque dejen ustedes que puedan perder dinero ¡amistades!

La Flor de la Abundancia es el típico esquema de “me quiero hacer rico sin despeinarme” , sin pensar en qué genera el dinero que voy a ganar y más importante: sin pensar si puedo llegar a afectar a las personas que invite a participar.

Para los que no sepan cómo funciona la bendita Flor de la Abundancia les voy a explicar. Algunos seguro con eso sabrán por qué es una moda financiera chafa y nociva. Para los que ni así le vean el problema más abajo les detallaré por qué no deberían entrar y menos meter gente.

En resumen La Flor de la Abundancia es algo que de entrada te promete que vas a recibir entre 24,000 pesos sin hacer nada, excepto meter más incautos que te den dinero a este esquema. Ahí les va:

Una persona arma un grupo de Whatsapp o Facebook y ella es “el centro de la Flor de la Abundancia”.
Esta persona consigue 2 personas que “la apoyan” en difundir la flor. Ellos deben mandar la información y mensajes de abundancia y ley de la atracción y esos rollos para convencer a gente a que le entre.
Cada una de esas  2 personas deben conseguir que otras 2  entren para “reclutar” a la gente que va a dar el dinero (en total en este nivel hay 7 personas ya: el centro, las 2 “apoyadoras” y las 4 que van a reclutar ).
Cada uno de los pétalos reclutadores tiene la obligación de conseguir 2 incautos que les den 3,000 pesos (4 x 2=8; 8 x 3,000 =24,000 pesos).
Una vez que se consiguen esa suma se la depositan a la persona que formó la flor, la persona del centro se sale y forman nuevas flores con su centro las 2 personas que estaban “apoyando” a difundir la flor, los apoyadores les consiguen personas que metan lana y así sucesivamente.

Víctima de fraude intentó denuncia
CIUDAD DE MÉXICO. - Ser víctima de estafas como “La Flor de la abundancia" y otros esquemas piramidales, es cargar con una doble cruz. Las personas no sólo se arriesgan a perder su dinero, si buscan denunciar también se enfrentan a una gran frustración por la pérdida de tiempo.

En Dinero en Imagen tratamos de buscar información sobre cómo deben actuar las personas que son víctimas de este delito y conseguimos la información después de 3 días.

Este fue el proceso:
La primera institución contactada fue la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), si bien esta institución no está facultada para resolver este tipo de problemas. un buen número de personas se acerca para poder obtener información.

Explicaron que como las personas o instituciones que realizan este tipo de fraude no se encuentran en el sistema CIPRES, no podían ayudarnos y que lo más correcto era llamar a la Defensoría Pública de la CDMX.

Contactamos al número que nos refirieron, y de ahí se nos dio otro número y extensión para contactar a la Dirección de Defensoría de Oficio.

Ahí nos dijeron que teníamos que contratar a algún abogado, para realizar un proceso penal y contactar a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX).

En la procuraduría, después de 3 llamadas y 4 diferentes enlaces, nos dijeron que nos comunicáramos directamente con el Centro de apoyo Sociojurídico a víctimas del delito violento (CADEVI).

En ese departamento nos comentaron que ellos no eran el departamento adecuado.

Después llamamos de nuevo al conmutador y, luego de tres días y más de 7 llamadas y 5 enlaces, un funcionario nos dijo que lo mejor era presentarse en el Ministerio Público para presentar la queja. Al cuestionamiento de si este tipo de casos eran tratados de manera especial la respuesta fue negativa.

Se denuncia como cualquier otro delito", señaló.

En una entrevista posterior al proceso, Mario Alberto di Costanzo Armenta, presidente de la Condusef, comentó a Dinero en Imagen, que si bien, por el marco jurídico ellos no pueden brindar apoyo a las víctimas de este fraude, sí les preocupa este tipo de casos.

La única vía para actuar es la penal, en el Ministerio Público (...) aunque aquí les brindamos todo el apoyo que esté en nuestras manos", explicó

El funcionario indicó que hasta el 18 de julio la institución ha recibido 130 llamadas para pedir apoyo para enfrentar este tipo de fraudes, número que en todo 2015 llegó a 78 llamadas. Además, dijo que este número de denuncias está subestimado, pues muchas víctimas no saben cómo proceder.

Nosotros hemos publicado información al respecto, sacado boletines y dado entrevistas, porque es un tema que definitivamente es preocupante", comentó Di Constanzo.

Añadió que la institución que preside no avala ni recomienda ninguna forma de ahorro informal, pues no están sujetas a algún tipo de regulación.

Hay que pensarlo dos veces antes de entrar algún tipo de esquema que ofrezca rendimientos altos y en corto tiempo, porque generalmente son fraudulentos, concluyó.

Fraudes en cadena
Les llaman ‘rueda de la amistad’, flor de la abundancia’, ‘mándala’, ‘telar de la abundancia’, ‘círculo de la prosperidad’, ‘células de gratitud’ o ‘bolas solidarias’ esos son solo algunos nombres del fraude que se ha puesto de ‘moda’ en redes sociales como WhatsApp y Facebook.

El hecho de que estos defraudadores se puedan infiltrar entre tu círculo de amigos hace más difícil que se frene el engaño.

Hace unos días una afectada señaló que fue un familiar quien la invitó a participar en ‘el telar de la abundancia’, le dijo que era un proyecto de mujeres para mujeres y ella cayó.

Han sido detectadas en Morelos, Puebla, Ciudad de México, Nuevo León y Coahuila, pero parece que el engaño se multiplica en otras entidades.

¿Cómo operan?
Algún conocido, familiar o amigo te invita a participar, asegura que con una inversión inicial de dinero en poco tiempo podrás obtener hasta 8 veces más el monto inicial.

Enseguida te enteras que existe un organizador, esa persona está en el centro de la flor (en el caso de la Flor de la abundancia) o en la cima de una pirámide, esta persona es a la que se le entrega el dinero.

El organizador cuenta con dos personas de apoyo que son los encargados de reclutar a dos personas más cada uno y estos a su vez se convertirán en reclutadores, así siguen sucesivamente hasta ganar el mayor número de miembros posible.

Los reclutados deben dar una aportación, a veces son 3 mil pesos, para otros 24 mil, 27 mil, no existe una cifra única.

Pero si alguien no tiene dinero, hay algunos en la flor o la pirámide que se ofrecen a prestarles con tal de que se queden. También se habla de ‘regalos’ que en ocasiones es recibir la inversión inicial y esto engancha más a la gente.

Deben cumplir con la promesa de que cuando reciban su dinero pagaran el doble de lo que pidieron y también cumplir con una cuota de sus personas reclutadas.

LOS NUEVOS MIEMBROS
Siempre que existan nuevos ‘inversionistas’ el engaño continúa, pero hay un momento en que esto se vuelve insostenible y se rompe la cadena, llega la disolución del esquema antes de que quienes ya aportaron su dinero puedan recuperarlo. Así se consuma el fraude.


¿Por qué es tan viral este tipo de fraudes?
Básicamente mucha gente busca ganar dinero fácilmente, por lo que al prometerles que tras su inversión inicial de, por ejemplo 3 mil pesos, al cabo de 3 semanas van a recibir 24 mil pesos, eso los hace soñar y fantasear para todo lo que les alcanzará.

Instituciones especializadas en el ramo como la Condusef señalan que no pueden defender a los usuarios en caso de que tengan problemas al invertir su dinero en alguno de estos esquemas ‘pirámide’, ya que ni son una institución financiera debidamente regulada, ni tampoco una figura legalmente reconocida.

Antes de entregar tu dinero o entrarle a uno de estos esquemas infórmate sobre cómo funciona, checa los plazos, los riesgos, busca instituciones debidamente autorizadas y reguladas, que cuenten con un seguro de depósito.

Busca bancos, cajas de ahorro o sociedades financiera populares conocidas como Sofipo.

También ingresa al Buró de Entidades Financieras para conocer cuáles son las instituciones autorizadas y reguladas.

Debe 24 mil que invirtió en la Flor de la Abundancia
Convencido de que su dinero se multiplicaría inmediatamente, sin tener que hacer más que entregar las cifras acordadas, un habitante de Ixmiquilpan, Hidalgo, fue enganchado por la llamada ‘Flor de la Abundancia’, sin embargo, lo único que consiguió fue quedar más endeudado.

Si quieres saber más sobre la llamada 'Flor de la Abundancia' lee esto.

Según publica agencia Quadratín Hidalgo, Alejandro, consideró que la opción que le ofrecía la ‘Flor de la Abundancia’, podía sacarlo de algunos apuros familiares, a cambio de depositar mil pesos en una tarjeta bancaria a través de un envío realizado en un Oxxo e invitando a dos personas más al grupo, pero al confiar que eso sería suficiente, le siguieron pidiendo más.

Y así fue avanzando en el grupo, de mil en mil pesos, hasta que en algún punto le pidieron ocho mil pesos, ya que para ese punto se dio cuenta que había invertido hasta 24 mil pesos, entre los montos que le pedían a él y los préstamos que le realizó a las personas que invitó a participar en el modelo piramidal fraudulento.

El hidalguense que se dedica a trabajar en un autolavado toda la semana para mantener a su esposa e hijos, reconoció que fue atraído por la oferta de conseguir dinero a cambio de entregar una cifra menor, debido a que vio que había profesionistas que también lo hacían.

Vi que había dos maestros (en el grupo), hasta la esposa de un doctor, por eso también me metí, pero cuando los líderes del grupo pidieron otro depósito de 8 mil pesos  para ver quién sería el nuevo ‘centro’ o ‘líder’ del grupo, a los pocos días de mi depósito observé que ya habían retirado todo el dinero, de mil en mil pesos, y en diferentes horas”, dijo el afectado.

Debido a los problemas que la situación le generó, ahora a quienes motivó a participar en la 'Flor de la Abundancia', lo amagan con presentar cargos penales por fraude, ya que así como el dinero, también desaparecieron las personas que se hacían cargo de recibir el dinero que va al ‘Centro de la Flor’.

Ponzi el creador de las "flores"
Los fraudes son las prácticas ilegales más camaleónicas que existen, por lo que no son nada nuevas. Los delincuentes dedicados a este tipo de estafas sólo tienen el mérito de utilizar a su favor tendencias y modas para disfrazar un robo de solidaridad, caridad o milagro.

Y hoy te lo vamos a probar con la historia de la Flor de la Abundancia, la estafa de moda.

Ponzi, el papá de las flores
Aquí inició todo. El esquema piramidal del que parte la Flor de la Abundancia es creación de un famoso delincuente del siglo pasado, Carlo Ponzi, un inmigrante italiano que vivía en Estados Unidos.

Su golpe más importante fue en 1919, al darse cuenta de que había un buen negocio en los cupones que los inmigrantes italianos enviaban por carta a sus familias para que los cambiaran por dinero y pudieran responder.

Así comenzó a repartir cupones prometiendo ganancias del 50% en 45 días o del 100% pasados los tres meses.

Tiempo después el Boston Post publicó un informe en el que se dijo que, pese a los extraordinarios intereses, Ponzi no reinvertía ni un dólar de sus beneficios. Además, se calculó que para cubrir las obligaciones contraídas se necesitaban 160 millones de cupones en circulación, cuando en realidad solo había 27,000.

El esquema Ponzi, ¿cómo detectarlo?
No importa el nombre con el que lo conozcas. Los esquemas Ponzi tienen muchas identidades: "Esquema célula", "Esquema burbuja", "Esquema de pirámide", etc.

Recuerda: la clave del engaño es que las ganancias de los primeros inversionistas son generadas gracias al dinero aportado por nuevos inversores timados. El sistema funciona solamente si crece la cantidad de nuevas víctimas.

Estas son sus características:

Está dirigido a un público con poco conocimiento financiero
Se relaciona con un único promotor o una única empresa
Es una promesa muy buena como para ser real; es decir, rendimientos exagerados y por encima del mercado
El dinero no se invierte, ni hay un negocio detrás
Los beneficios financieros no están bien documentados
La persona que la inicia no coloca capital
En muchos casos la persona que la inicia no conoce a las personas que le dan el dinero.
Existe necesidad de “reclutar” gente para maximizar ganancias. Según Sofía Macías, autora de El Pequeño Cerdo Capitalista “en la pirámide los que van entrando van pagando los rendimientos de los primeros que se metieron. Entonces si no hay nuevos ‘inscritos’, la pirámide se desmorona”.
No están reguladas. “No hay ninguna entidad legal, de protección al consumidor ni de ningún tipo que regule a este esquema. Lo más probable es que si tienes algún tipo de problema [por meterte a una pirámide] no puedas acudir a nadie para reclamar y entonces tengas que acudir a tribunales”.
El riesgo es cada vez más alto al crecer el número de suscriptores en el sistema, ya que cada vez existen más dificultades para encontrar nuevos seguidores
Los inversores reciben poco o nulo beneficio del dinero invertido
Quiebra la confianza
Ten mucho cuidado. Según Sofía Macías “no hay un producto, servicio o un activo de inversión que genere los rendimientos que a ti te van a entregar” y, por tanto, no debes confiar en alguien que te dice que sí le pagaron.

La mayoría de las estafas piramidales al principio funcionan, porque si no le pagaran a nadie ¿cómo iban a tener más incautos? Estas primeras personas a las que les funcionó ‘el esquema milagroso’ se vuelven testigos o la fuente de ‘credibilidad’ de la pirámide”, dijo.

Este esquema se aprovecha de la confianza entre conocidos y muchos casos quienes entraron convencidos de que funcionaba tal vez no lo hicieron con mala intención, sino con el fin de ganar algo y compartir esa “abundancia”.

Se van con las tendencias
No hay que ser un gran observador para notar que La Flor de la Abundancia posee características que van en línea con nuestros tiempos. Hoy la preocupación por el medio ambiente y la vida espiritual son preponderantes en las conversaciones en medios y en las calles: las flores y elementos como el fuego y el agua predominan en la estafa.

Y se ve claramente en el sistema (resaltamos en negritas las tendencias de hoy en día):

Una persona arma un grupo de Whatsapp o Facebook y ella es “el centro de la Flor de la Abundancia”.
Esta persona consigue dos más que “la apoyan” en difundir la flor. Ellos deben mandar la información y mensajes de abundancia y ley de la atracción para convencer a más incautos.
Cada una de esas dos personas debe conseguir que otras dos entren para “reclutar” quienes van a dar más dinero.
Cada uno de los pétalos reclutadores tiene la obligación de conseguir dos incautos que les den 3,000 pesos (4 x 2 = 8; 8 x 3,000 = 24,000 pesos).
Una vez que se consiguen esa suma se la depositan a la persona que formó la flor, la persona del centro se sale y se forman nuevas flores”.
Pero este es sólo un disfraz del delito.



FUENTES:
Partes de esta recopilación también lo puedes leer en:


domingo, 23 de diciembre de 2018

Agua




ACTO RECLAMADO.

1.-  Del H. Congreso del Estado
a)  La discusión, aprobación y expedición del decreto por el que se crea y entra en vigor Ley del Agua para el Estado de Puebla, publicado en EL Periódico Oficial del Estado  31 de Diciembre de 2012, y vigente a partir de esa misma fecha, específicamente por lo que se refiere a los artículos 99 fracción l, 128 Fracción XXIII, artículo 130 Fracción XVII, 133, 137 y 140  de la Ley en comento. 

b) La aprobación y orden de publicación en el Periódico Oficial del Estado de los acuerdos tarifarios emitidos por el Consejo de Administración del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de San Pedro Cholula de los años 2014, 2015, 2016 y 2017.

c) La discusión, aprobación y expedición del decreto por el que se crea y entra en vigor el Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, por lo que se refiere al Artículo 33.

2.   El C. GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.
a)  La expedición y promulgación Ley del Agua para el Estado de Puebla, en lo sucesivo LEY DEL AGUA, publicado en EL Periódico Oficial del Estado  31 de Diciembre de 2012, y vigente a partir de esa misma fecha, específicamente por lo que se refiere a los artículos 99 fracción l, 128 Fracción XXIII, artículo 130 Fracción XVII, 133, 137 y 140  de la Ley en comento.

b) La expedición y promulgación del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en lo sucesivo CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL, por lo que se refiere al Artículo 33.


3.- De la autoridad responsable SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA en lo sucesivo SOSAPACH:

a)     La aplicación de las disposiciones reclamadas en su resolución  400/2017 de fecha 6 de abril de 2017.
b)     Acuerdo tarifario del año 2015 dictado por el Consejo de Administración del SOSAPACH.
c)     Acuerdo tarifario del año 2016 dictado por el Consejo de Administración del SOSAPACH.
d)     Acuerdo tarifario del año 2017 dictado por el Consejo de Administración del SOSAPACH.
e)     La expedición reiterada de acuerdos indebidamente fundados y motivados, en la que pretende cobros ilegales por concepto de sanciones, recargos y otros conceptos por acceso al agua como derecho humano. Así como la amenaza de suspensión del servicio.

 V.- PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS.

Artículos 4, 14, 16, 31 fracción IV, 35  16, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Así como tratados internacionales suscritos por el gobierno mexicano.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que constituyen antecedentes de este acto reclamado los siguientes:

HECHOS
(CAPITULO I)
Relacionados con los agravios que conculcan garantías individuales y que afectan al demandante, como primer acto de aplicación de la LEY DEL AGUA y del CODIGO FISCAL MUNICIPAL

6.1.- Mediante resolución 400/2017 de fecha 6 de abril de 2017 y de la que me entero de su notificación el 21 de este mes y año, por no haberse realizado personalmente y haber sido entregada por un vecino; el Director del SOSAPACH determinó un adeudo por la cantidad de $6,107.35 por concepto de suministro de agua potable y saneamiento al 31 de marzo de 2017, además de recargos y sanciones, con amenaza de corte de suministro de agua potable y alcantarillado de no cubrirse el adeudo consignado en dicha resolución, presumiblemente en cumplimiento de la Ejecutoria de Amparo 416/2016, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de fecha 24 de marzo de 2017. Que dejó sin efectos la resolución 513/2016 de fecha 1 de junio de 2016.

6.2.- Mediante resolución 513/2016 de fecha 1 de junio de 2016 el director del SOSAPACH dio cumplimiento a la sentencia de amparo, en el expediente 1945/2015 de fecha 15 de enero de 2016 del C. Juez cuarto de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, dictó y determinó un adeudo por el suministro de agua potable y saneamiento, sin fundamentación y motivación adecuada que cesaron los efectos de la pretensión de cobro de un recibió, en el que se estimaron consumos de agua potable y saneamiento en exceso, además de recargos y otros conceptos.

6.3.- El 12 de mayo de 2016 el demandante solicitó el procedimiento de verificación de volúmenes de consumo de agua potable, a fin de determinar una lectura correcta y acorde a los consumos reales y no a la estimación que había realizado el SOSAPACH, por la cual resultaba un cobro en exceso.

H E C H O S
(Capitulo II)

Hechos relacionados cronológicamente referidos a la Ley que se impugna y las reformas al artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, con relación al acceso al agua como un derecho humano.

7.1.- El 13 de Diciembre de 2012 la LVIII Legislatura del Estadoaprobó en TODOS sus términos la Ley del Agua para el Estado de Puebla, como consta en el acta de la Sesión Pública Ordinaria del día jueves 13 de diciembre de 2012.

7.2.- El 31 de diciembre de 2012 se publicó el DECRETO del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la LEY DE AGUA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

7.3.- El 1ero de abril de 2013 se REFORMA de la fracción I del artículo 45 de la LEY DE AGUA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

7.4.- El 13 de septiembre de 2013 se REFORMA la fracción IV del artículo 31 y se adicionan la fracción IX al artículo 31 y el 118 Bis, todos de la LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

7.5.- El 6 de noviembre de 2013, Se deroga el artículo 118 Bis de la LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

7.6.- 30 de diciembre de 2013, Se REFORMAN el artículo 11, las fracciones XVII y XVIII del 13, el último párrafo del 18, las fracciones VI y VII del 21; se ADICIONAN la fracción XIX, el penúltimo y último párrafo al 13, las fracciones VIII y IX al 21, de la LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

7.7.- El 4 de agosto de 2014 se REFORMA el artículo 49 de LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

7.8.- 19 de octubre de 2015, Se REFORMAN las fracciones XVIII y XIX del artículo 13, las fracciones VIII y IX del 21, las fracciones XXXII y XXXIII del 23, las fracciones IV y V del 30, la fracción III y el último párrafo del 37, el acápite de la fracción III del 46, el último párrafo del 110, el 111, el 141, el acápite y el último párrafo del 143 y 147; y se adicionan las fracciones XX, XXI y XXII al 13, la fracción X al 21, las fracciones XXXIV, XXXV y XXXVI al 23, la fracción VI al 30, dos párrafos al 37, el 37 Bis, dos párrafos a la fracción III del 46 y el 46 Bis, dos párrafos a la fracción III del 46 y el 46 Bis, todos de la LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

7.9.- El 6 de enero de 2017 en Sesión Pública Extraordinaria el H. Congreso del Estado aprobó la modificación del artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, los diputados de la legislatura aprobaron “Declaratoria del Decreto que reforma la fracción VI, del artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla”, incorporando en dicha fracción el texto siguiente (“Las leyes se ocuparán de:”), para quedar como sigue:
VI.- Establecer el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, aceptable y asequible. El Estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural;”.
7.10.- El 29 de Marzo de 2017 los grupos parlamentarios del H. Congreso del Estado suscribieron y presentaron nuevamente una INICIATIVA de reforma al artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, para quedar como sigue:
VI. Proteger el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

7.11.- el 20 de febrero de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio entrada a la Controversia Constitucional promovida José Juan Espinosa Torres en su calidad de Presidente del gobierno municipal de San Pedro Cholula, Puebla, con el número de expediente 57/2017 en contra de la reforma al artículo 12 de la Constitución local.

7.13.- El 1ero de Abril de 2017 el H. Congreso del Estado por conducto de su departamento de Comunicación Social emitió el comunicado 1102, en la que informa de la aprobación por los legisladores de la reforma al Artículo 12 de la Constitución local para reafirmar el derecho al agua, en los siguientes términos:
Aprueba Congreso reforma al Artículo 12 para reafirmar derecho al agua En el mismo sentido que el pronunciamiento del Gobernador … (…), y para reiterar a la población y a  los 217 Ayuntamientos que el acceso al agua es un derecho fundamental, y que siguen teniendo a su cargo la prestación de servicios públicos como el agua potable, este día el Pleno del Congreso votó y aprobó por unanimidad la Reforma al Artículo 12 fracción VI de la Constitución Local, presentada por la Junta de Gobierno y Coordinación Política  para reafirmar el derecho al agua y dar tranquilidad a las y los ciudadanos… (…) No obstante que la reforma inicial aprobada en enero fue legal, transparente y correcta jurídicamente, el legislador reiteró que se trata de una armonización con la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y obedece a un orden  político más que jurídico, ya que de origen la reforma inicial siempre ha tenido el objeto de elevar el derecho al agua como derecho humano… (…) la Reforma establece textualmente “proteger el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Así mismo, informó que la prestación del servicio de agua potable sigue siendo atribución de los municipios. A pregunta expresa, refirió que para modificar la Ley Estatal del Agua se requiere que primero a nivel nacional el Congreso de la Unión expida la Ley General de Aguas

1.- El 22 de febrero de 2016 Mediante Oficio No 800.920.00.01.048/2016 la Comisión Nacional del Agua informó:
no se han impuesto sanciones al gobierno municipal de San Pedro Cholula y San Andrés Cholula, toda vez que en materia de aguas residuales, hasta el momento al realizar visitas de inspección, en los municipios en mención no se han detectado descargas hacia un cuerpo receptor de propiedad nacional debido a que sus drenajes están interconectados a red de colectores que administra el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Ciudad de Puebla (SOAPAP)… (…) las aguas residuales crudas de las localidades de San Pedro Cholula… (…) son tratadas en la Planta San Francisco, ubicada en la Ciudad de Puebla, en la cual se tratan mediante un proceso de tratamiento primario avanzado… (…) Administrado por… (…)  SOAPAP… (…)”.

8.2.- El 22 de abril de 2015 El gobierno municipal de San Pedro Cholula, determinó revocar el contrato suscrito con el SOAPAP, como consta en el libro de Actas de Cabildo, Tomo III de la Administración Municipal 2014-2018, Acta Número 45.
Mediante el 12. PUNTO DE ACUERDO que somete a consideración el Ciudadano Presidente Municipal, por el cual se aprueba revocar el CONVENIO DE COORDINACIÓN para la ratificación de la entrega a favor del SOAPAP del Servicio Público de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales que actualmente presta el SOAPAP y que dicho organismo asuma su prestación, en el área de cobertura comprendida por la circunscripción territorial que se delimita en los términos del Anexo 1 (Plano de Cobertura).

Dicho PUNTO DE ACUERDO fue aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS. El Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula, en términos de la legislación aplicable asumió la prestación de este servicio público en términos del artículo 115 de la Constitución General de la República, y de conformidad con el inciso de la cláusula 5. ACUERDO que consta en el Acta de Cabildo referida, desistiendo de la aplicación de la LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

8.3.- El 22 de marzo de 2017 Diversos medios periodísticos informaron de la denuncia presentada en contra de José Juan Espinosa Torres, por el delito de concusión, al cobrar saneamiento del agua potable, cuando no la proporciona. En el mismo sentido el 3 de marzo de 2017 el Jefe de Oficina del gobernador del Estado, Javier Lozano Alarcón afirmó es el municipio de Puebla el que ofrece el servicio y Espinosa Torres cobra saneamiento y tratamiento de aguas residuales, sin brindar los servicios.

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN
CAPITULO I

DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, en lo sucesivo la LEY DEL AGUA.

PRIMERO.- El artículo 99 fracción l, de la LEY DEL AGUA, vulneran, además de tratados internacionales y los artículos 1, 4, 14, 16, 31 Fracción IV, 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo sucesivo CONSTITUCIÓN.

Como puede observarse el Artículo 99 fracción l de la LEY DEL AGUA establece que el Prestador de Servicios Públicos podrá suspender justificadamente los servicios hídricos en los siguientes casos: l.- Por falta del pago de los derechos, contribuciones de mejoras y productos correspondientes al servicio de que se trate;

Dicho ordenamiento contraviene tratados internacionales que el gobierno mexicano está obligado a cumplir, la exposición de motivos para la modificación del artículo 4° de la CONSTITUCIÓN, es clara al señalar que:
Con base en las reformas constitucionales en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, y en términos de la letra y espíritu del artículo 1o., todas las personas en el país gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de que el Estado es parte.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas; la Organización Mundial de la Salud; la Asamblea General de las Naciones Unidas; y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 11 y 12); el apartado h) del párrafo 2 del artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; y el apartado c) del párrafo 2 del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño; reconocen el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano imprescindible para la realización y disfrute de otros derechos como la vida, la salud y la alimentación, por tanto, obligan a los Estados partes de dichas instancias e instrumentos internacionales (como es el caso del Estado mexicano), a garantizar que los habitantes de su jurisdicción tengan el acceso y disfruten de este derecho fundamental.
Del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también se advierte que el derecho al agua potable y al saneamiento es fundamental e indispensable para la realización, goce y disfrute de los demás derechos humanos, cuya preservación en cantidad, calidad y sustentabilidad es tarea fundamental tanto del Estado como de la sociedad, por cuanto a que tal derecho está basado en las premisas de un acceso al bienestar de toda la población, sustentado por los principios de igualdad y no discriminación, independientemente de las circunstancias sociales, de género, políticas, económicas o culturales propias de la comunidad en la que se opera.1

Este criterio debe ser visto a la luz de que el derecho humano al agua y al saneamiento entraña tanto libertades como derechos. Las primeras se refieren al derecho a mantener el acceso a un suministro necesario y a no ser objeto de cortes arbitrarios del mismo o a la no contaminación de los recursos hídricos. Los segundos comprenden el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población igualdad de oportunidades en su disfrute.2
El denominado “oro azul” es un recurso natural limitado, un bien público fundamental para vivir dignamente y condición previa para la realización de otros derechos humanos. Al ser necesaria para fines domésticos o personales, o para evitar el hambre y las enfermedades, su suministro debe hacerse prioritariamente a satisfacer necesidades de consumo personal y domestico antes que algún fin lucrativo.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales elaboró la observación general número 15, de noviembre de 2002, cuyo punto 11 señala: “Los elementos del derecho al agua deben ser adecuados a la dignidad, la vida y la salud humanas... Lo adecuado del agua no debe interpretarse de forma restrictiva, simplemente en relación con cantidades volumétricas y tecnologías. El agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico. El modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras”.3
Criterios de los tribunales colegiados de circuito en el país han señalado que, en correspondencia con el principio pro homine y buscando siempre la interpretación jurídica más favorable a la persona, el derecho humano al agua y al saneamiento consiste en disponer de la cantidad suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Ya que un abastecimiento adecuado es necesario para evitar la muerte, y para satisfacer las necesidades de consumo, cocina e higiene personal y doméstica, por lo que el abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. Y la cantidad disponible para cada persona debe corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la Salud.4
Si el agua y los servicios e instalaciones deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso para los sectores más vulnerables y marginados de la población, a fin de garantizar la tutela de este derecho humano, el Estado deben adoptar medidas para eliminar la discriminación cuando se prive a las personas de los medios o derechos necesarios para acceder a él.
En el país hay una deuda pendiente en esta materia, porque la asignación de los recursos de agua y las inversiones, no han facilitado su acceso a todos los miembros de la sociedad. En México aproximadamente 9 millones de personas no cuentan con el servicio de agua entubada y otras 13 millones, que habitan en zonas rurales y urbanas, a pesar de contar con el servicio reciben en sus hogares el líquido contaminado por falta de saneamiento.5
La asignación, el manejo y el acceso al agua y al saneamiento no deben ser en beneficio de una fracción privilegiada de la población. Las inversiones en servicios e instalaciones deben redundar en favor del bien común.
Reitero: el agua como recurso imprescindible para los seres humanos debe cumplir primordialmente la necesidad de consumo y usos domésticos de todos los individuos. En el manejo de los recursos hídricos debe darse prioridad al derecho a utilizarla cuando se pretenda con su suministro garantizar los derechos fundamentales a la vida, salud, dignidad humana y alimentación, y secundariamente a otros fines, como pudiera ser el comercial.6
Esto es así porque el derecho al agua y al saneamiento se erige como un beneficio colectivo basado en los principios de solidaridad, cooperación mutua, equidad y en condiciones dignas, por lo que debe ser “proclamado de prioridad y de seguridad nacional la preferencia del uso doméstico y público... en relación con cualquier otro uso, razones que excluyen la posibilidad de que pueda ser concebido atendiendo a intereses particulares o de grupos minoritarios, pues de ser así, imperaría un régimen de aprovechamiento del agua sin visión humana y social, con lo cual se atentaría contra la dignidad humana”.7
El derecho particular debe ceder al interés de la sociedad a tener acceso y gozar del agua como medio adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas, y como derecho fundamental las autoridades gubernamentales deben velar a toda costa por ello.
REFERENCIAS (NOTAS):
1 “Agua potable. Como derecho humano, la preferencia de su uso doméstico y público urbano es una cuestión de seguridad nacional”. Época: Décima. Registro 2001560. Instancia: Tribunales colegiados de circuito. Tipo de tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XII, septiembre de 2012, tomo 3. Materia: Constitucional. Tesis XI.1o.A.T.1 K (10a.), página 1502.
2 “El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)”, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, Ginebra Suiza, 11 a 29 de noviembre de 2002. Disponible en http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/general/docugral/ONU_comentar iogeneralagua.pdf [última consulta: 3 de abril de 2015]
3 Ibídem.
4 “Derecho de acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Tratándose de personas privadas de la libertad, aquél debe analizarse a la luz de los principios plasmados en la Constitución federal y en los tratados internacionales, a partir de una interpretación más amplia que les favorezca en todo momento (aplicación del principio pro persona previsto en el artículo 1o. de la Constitución federal)”. Época: Décima. Registro 2008053. Instancia: Tribunales colegiados de circuito. Tipo de tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de 2014, tomo IV. Materia: Constitucional. Tesis I.9o.P.69 P (10a.), página 2928.
5 “Sin acceso a agua potable, 22 millones de mexicanos”, en Milenio, 29 de enero de 2014. Disponible en http://www.milenio.com/estados/acceso-agua-potable-millones-mexicanos_0 _235776434.html [última consulta: 3 de abril de 2014]
6 “Derecho fundamental al agua potable. Al ser las personas privadas de la libertad sujetos especialmente vulnerables, las autoridades carcelarias deben garantizarlo y reforzarlo en los centros de reclusión, con criterios de disponibilidad, calidad y accesibilidad”. Época: Décima. Registro 2008054. Instancia: Tribunales colegiados de circuito. Tipo de tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de 2014, tomo IV. Materia: Constitucional. Tesis I.9o.P.68 P (10a.), página 2930.
7 “Agua potable. Como derecho humano, la preferencia de su uso doméstico y público urbano es una cuestión de seguridad nacional”. Obra citada.
Y como lo ha referido en sus resoluciones el:
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DECIMO PRIMER CIRCUITO al resolver Amparo directo 740/2011. Petronilo Pantoja Espinoza. 1 de marzo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Juan García Orozco. Secretario: Víctor Ruiz Contreras. Visible en: Época: Décima Época // Registro: 2001560 // Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DECIMO PRIMER CIRCUITO // TipoTesis: Tesis Aislada. // Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta // Localización: Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3 // Materia(s): Constitucional // Tesis: XI.1o.A.T.1 K (10a.) // Pag. 1502 // [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3; Pág. 1502 // AGUA POTABLE. COMO DERECHO HUMANO, LA PREFERENCIA DE SU USO DOMÉSTICO Y PÚBLICO URBANO ES UNA CUESTIÓN DE SEGURIDAD NACIONAL.
La LEY DEL AGUA y en específico el artículo 99 fracción I no puede estar por encima de la Constitución Mexicana, que considera el agua como un derecho humano, y los tribunales federales han considerado que ilegal los cortes del servicio por no pagar los servicios de agua potable y alcantarillado, entre otros por los siguientes motivos:
Es agua es la esencia de la vida. 2. El derecho al agua comprende el acceso al líquido necesario para mantener la vida, conservar la salud y satisfacer las necesidades fundamentales para la dignidad de todas personas. 3. El agua potable y el saneamiento son indispensables para la vida y la salud, así como fundamental para el goce de otros derechos humanos como la vida, salud, educación, vivienda, trabajo.4) El derecho al agua implica entre otras libertades, la de protección contra cortes arbitrarios o servicios de agua potable, saneamiento y drenaje. El derecho al agua no es un derecho solo en papel. Por lo que suspender los servicios de agua potable así como el drenaje no sólo pone en riesgo la salud de las personas que habitan el inmueble en que se efectuó el corte, también se podrían ocasionar enfermedades o padecimientos que afectaran la salud pública

Los tribunales motivan sus resoluciones que aunque se reconoce el costo del servicio, el derecho debe ser asequible para todos y que nadie debe verse privado del acceso por no tener capacidad de pagar. “En el marco de los derechos humanos no se puede permitir el corte absoluto”.

En diversos juicios promovidos contra las resoluciones de carácter económico recaudatorio de los prestadores de servicios hídricos, los jueces federales han coincidido en que no puede restringirse el servicio de agua potable por razones económicas, ya que “ocasionaría daños y perjuicios de difícil reparación” al incidir en el “derecho humano de acceso al agua potable”. El  Estado tiene que garantizar el derecho fundamental al agua para que sea “seguro, aceptable y asequible”, por lo que el suministro “debe basarse en criterios de equidad y bajo condiciones dignas de accesibilidad, razones que excluyen la posibilidad de que pueda ser restringido atendiendo a intereses de índole financiera con los objetivos a los que alude la autoridad recurrente”. De imperar los fines económicos, se alerta en las sentencias, “imperaría un régimen de aprovechamiento del agua sin visión humana y social, con lo cual se atentaría contra la dignidad humana, pues el interés social en la prestación del servicio se vería disminuido en perjuicio del principio de progresividad de los derechos humanos establecidos dentro del artículo 1ero constitucional”, el cual claramente indica que:
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Así mismo el artículo 40 de la CONSTITUCIÓN advierte que el derecho al agua potable es fundamental e indispensable para la realización, goce y disfrute de los demás derechos humanos, cuya preservación en cantidad, calidad y sustentabilidad es tarea fundamental tanto del Estado como de la sociedad. “Tal derecho está basado en las premisas de un acceso al bienestar de toda la población, sustentado por los principios de igualdad y no de discriminación”.

El artículo 99 fracción I de la LEY DEL AGUA viola el artículo 4° de la CONSTITUCIÓN en virtud de que al concederse la facultad de suspender los servicios hídricos no acta la máxima disposición que establece, entre otros;

Artículo 4o… (…) Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Es así que el artículo 99 fracción l de la LEY DEL AGUA, viola principios fundamentales que se han dictado en tratados internacionales de los derechos humanos y en la propia CONSTITUCIÓN.

La autoridad responsable como ejecutora repite la ilegalidad señalada párrafos anteriores al indicar amenazantemente y arbitrariamente en su resolución que se impugna en su punto SEXTO: “… Y en caso de persistir en el incumplimiento de las obligaciones de pago, procederé a ordenar se lleve a cabo la suspensión del servicio de agua potable”

SEGUNDO.- El artículo 128 Fracciones XXIII, de la LEY DEL AGUA establece que:
Para los efectos de esta Ley cometen infracción aquellas personas o Usuarios que incurran en las siguientes conductas: … XXIII. Omitir total o parcialmente el pago de derechos y productos, conforme a la Estructura Tarifaria, así como las contribuciones de mejoras;

Lo cual es contrario a los preceptos CONSTITUCIONALES en virtud de que dicho ordenamiento viola los principios de justicia y legalidad fiscal  del artículo 31 Fracción IV.

El acceso al agua es un derecho humano que no está sujeto al previo pago o que se requiera un pago para continuar teniendo acceso al vital líquido. Por lo que la falta de pago, por cualquiera razón; insolvencia, incapacidad económica u otra, no establece una infracción.

El artículo 31 Fracción IV establece que son obligaciones de los mexicanos: … (…) IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

El acceso al agua, es un servicio público que debe proporcionar el Estado, en este caso el gobierno municipal. La LEY DEL AGUA no define como DERECHO ni PRODUCTO el acceso al agua potable y alcantarillado, como consta su ausencia en el artículo 4° de la misma. El artículo 5° de la mencionada LEY afirma en su fracción I que el Estado deberá;

I.- Garantizar el acceso de cualquier persona a la disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible; así como definir las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, los municipios y la ciudadanía para la consecución de dichos fines;

II. El agua es un bien de dominio público, vital, vulnerable y finito, con valor social, ambiental y económico, cuya preservación en cantidad, calidad y sustentabilidad es tarea fundamental de las autoridades en materia de agua y de la sociedad;

El artículo 7 del CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL establece:
II. Derechos son las contribuciones establecidas en la ley, por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Municipio, así como por recibir servicios que preste el Municipio en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por sus organismos. También son derechos, las contribuciones a cargo de sus organismos, por prestar servicios exclusivos del Municipio, y
III. Contribuciones de mejoras son las establecidas en la ley, a cargo de las personas físicas y morales que reciban un beneficio particular individualizable por la realización de obras públicas.

El acceso al agua no es un bien del dominio público del Municipio, ni tampoco el pago que exige es una contribución a cargo de su organismo por no ser servicio exclusivo del Municipio.
La Ley de Aguas Nacionales vigente por decreto publicado en el Periódico Oficial de la Federación el 1ero de diciembre de 1992 establece:
ARTÍCULO 1. La presente Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales; es de observancia general en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable.
ARTÍCULO 2. Las disposiciones de esta Ley son aplicables a todas las aguas nacionales, sean superficiales o del subsuelo. Estas disposiciones también son aplicables a los bienes nacionales que la presente Ley señala. Las disposiciones de esta Ley son aplicables a las aguas de zonas marinas mexicanas en tanto a la conservación y control de su calidad, sin menoscabo de la jurisdicción o concesión que las pudiere regir.
ARTÍCULO 14 BIS 5. Los principios que sustentan la política hídrica nacional son: I. El agua es un bien de dominio público federal, vital, vulnerable y finito, con valor social, económico y ambiental, cuya preservación en cantidad y calidad y sustentabilidad es tarea fundamental del Estado y la Sociedad, así como prioridad y asunto de seguridad nacional;

Resulta una violación a las normas federales y a los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, la pretensión del artículo 128 Fracción XXIII, al otorgarle carácter fiscal a una obligación del Estado, en este caso del Municipio, de que para garantizar el acceso al agua, en su caso el consumo imponga sanciones en su falta de pago, de un derecho humano al que tiene acceso.

El CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL establece:
En su artículo 1° que son autoridades fiscales, las autoridades fiscales municipales y los ORGANISMOS los organismos públicos municipales descentralizados. En donde los organismos públicos descentralizados no son autoridades fiscales municipales. Con mayor claridad debe señalarse que el C. Director del SOSAPACH, no es autoridad competente y carece de facultades para dictar resoluciones por las cuales pretenda su cobro a los particulares, en virtud de que el DECRETO publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha viernes 8 de julio de 1994 por medio del cual se crea el ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, no le otorgó la facultad de emitir resoluciones para el cobro de adeudos, como lo establece la fracción V del ARTÍCULO SEGUNDO del mencionado DECRETO, que afirma:
“… HACER EFECTIVO EL COBRO DE LOS ADEUDOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES, REMITIENDO A LA AUTORIDAD FISCAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA O, MUNICIPIOS QUE CORRESPONDA CONFORME A LOS CONVENIOS CELEBRADOS, LAS CUENTAS DE LOS USUARIOS MOROSOS, PARA SU RECUPERACIÓN A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO POR EL TÍTULO SEPTIMO DEL CODIGO FISCAL DEL ESTADO”

Por lo que la LEY DEL AGUA contraviene disposiciones del CODIGO FISCAL MUNICIPAL y el DECRETO de creación de los ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS al otorgarles una calidad de autoridad fiscal municipal que no tienen, por no ser órganos que emanan de la voluntad popular y en su lugar son designaciones administrativas para cumplir los fines del gobierno municipal en cumplimiento de sus atribuciones del artículo 115 Constitucional, afirmar lo contrario, establece un conflicto y violación a la CONSTITUCIÓN, específicamente al artículo 16, 31 Frac. IV y 115.

En cuanto a los ingresos del Municipio el artículo 4°, 5°, 6° y 7° del CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL establece:
Artículo 4.- Los ingresos del Municipio se clasifican en:
I. Ingresos públicos ordinarios;
II. Ingresos públicos extraordinarios, y
III. Los demás que tenga derecho a percibir, en su carácter de persona moral de derecho público y de derecho privado, así como los de sus Entidades.
Artículo 5.- Son ingresos ordinarios los señalados en el artículo 2 del presente ordenamiento, los que se regirán por las leyes fiscales y demás ordenamientos que los regulen, en su defecto por este Código y supletoriamente por el derecho común.
Además de los ordenamientos mencionados en el párrafo que antecede, los productos se regularán por lo que prevengan los contratos o concesiones respectivos.
Las participaciones, aportaciones y demás ingresos que reciba el Municipio de la Federación y del Estado, también se regirán por los convenios de coordinación que se celebren con este último orden de gobierno.
Artículo 6.- Son ingresos extraordinarios aquellos cuya percepción se realice excepcionalmente, los cuales se causarán y recaudarán de conformidad con los ordenamientos, decretos o acuerdos que los establezcan.
Artículo 7.- Las contribuciones se clasifican en impuestos, derechos y contribuciones de mejoras, los que se definen de la siguiente manera:
I. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley, que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas a las señaladas en las dos siguientes fracciones de este artículo;
II. Derechos son las contribuciones establecidas en la ley, por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Municipio, así como por recibir servicios que preste el Municipio en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por sus organismos. También son derechos, las contribuciones a cargo de sus organismos, por prestar servicios exclusivos del Municipio, y
III. Contribuciones de mejoras son las establecidas en la ley, a cargo de las personas físicas y morales que reciban un beneficio particular individualizable por la realización de obras públicas.
Artículo 8.- Son productos las contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus funciones de derecho privado, así como por la explotación y aprovechamiento de sus bienes del dominio privado.;

Así mismo el acceso al agua como derecho humano no es un tributo, ni una contraprestación en la que deba mediar previamente su pago. Atendiendo a la esfera los tributos y contribuciones tenemos que:

TRIBUTOS. SU ESTUDIO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON SU VERDADERA NATURALEZA JURÍDICA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE LE DEN LAS PARTES O INCLUSO LA LEY. Aun cuando la ley atacada de inconstitucionalidad llame al tributo controvertido ‘derecho’; y las autoridades responsables lo conceptúen como ‘derecho de cooperación’, y el quejoso se empeñe en sostener que es un ‘impuesto especial’, lo cierto es que este Supremo Tribunal debe analizar el gravamen de acuerdo con su verdadera naturaleza jurídica independientemente de la denominación que le den las partes.

Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 19/2003, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, página 301,  que es del tenor siguiente:

INGRESOS PÚBLICOS. PARA VERIFICAR SU APEGO A LOS PRINCIPIOS QUE CONFORME A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS RIGEN SU ESTABLECIMIENTO, LIQUIDACIÓN Y COBRO, DEBE ATENDERSE A SU NATURALEZA, CON INDEPENDENCIA DE LA DENOMINACIÓN QUE LES DÉ EL LEGISLADOR ORDINARIO. Si bien es cierto que el legislador ordinario puede definir en cada época cuáles son las contribuciones necesarias para cubrir el gasto público, de acuerdo con las circunstancias sociales y económicas que existan en cada momento, atendiendo a la evolución de la administración pública y a las responsabilidades que el Estado vaya asumiendo en la prestación y mantenimiento de los servicios públicos que aseguren el desarrollo integral de los individuos que componen la sociedad, también lo es que ello no obsta para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar la constitucionalidad de una prestación patrimonial de carácter público, con independencia de que formalmente se le considere como contribución o ingreso no tributario, desentrañe su verdadera naturaleza y, conforme a ésta, verifique si el contexto normativo que rige su establecimiento, liquidación y cobro se sujeta a las prerrogativas y obligaciones que se prevén en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto para los gobernados como para las autoridades constituidas, dependiendo de su naturaleza tributaria o no tributaria.

Cobra relevancia por su contenido lo señalado en la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 54/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Época: Novena Época, Registro: 175077, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Página: 281 cuyo rubro y texto señalan:

IMPUESTOS. TIENEN ESA NATURALEZA LAS PRESTACIONES PÚBLICAS PATRIMONIALES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 318 Y 319 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL Y, POR TANTO, DEBEN CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Los artículos citados establecen que quienes construyan desarrollos habitacionales de más de 20 viviendas, o realicen obras, instalaciones o aprovechamientos de más de 200 metros cuadrados, deberán cubrir el pago por concepto de aprovechamientos para que la autoridad competente realice las acciones necesarias para prevenir, mitigar o compensar las alteraciones o afectaciones al ambiente y los recursos naturales, así como los efectos del impacto vial, a razón de una determinada cantidad por metro cuadrado de construcción, en el caso de los desarrollos mencionados, y conforme a las cantidades que se determinen por metro cuadrado de construcción, según la zona en que se realice la obra y el destino que se le dé, tratándose de construcciones de más de 200 metros cuadrados. En ese tenor, se concluye que aun cuando los artículos 318 y 319 del Código Financiero del Distrito Federal señalen que las prestaciones patrimoniales de carácter público que prevén se cubrirán en concepto de aprovechamientos, lo cierto es que tienen la naturaleza de un impuesto y, por ende, están sujetas al cumplimiento de los principios tributarios contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que son impuestas en forma unilateral y coactiva por el Distrito Federal; el hecho imponible lo realiza directamente el particular, que es la referida construcción o realización de obras, instalaciones o aprovechamientos, y se constituye sobre actos que reflejan una disponibilidad económica como consecuencia de la propiedad o posesión inmobiliaria, además de que no se vincula a la realización de un acto o actividad específicos a cargo de la administración pública local, ya que si ésta no realiza las acciones referidas, de cualquier forma nace la obligación tributaria y, por último, esas acciones constituyen gastos públicos indivisibles e indeterminados individualmente.


El acceso al agua no es un impuesto, producto ni aprovechamiento, tampoco es una contribución de mejoras por el cual se reciba un beneficio particular individualizable. Sino que es un DERECHO HUMANO vital e irrenunciable y que la CONSTITUCIÓN es clara al señalar:
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Por lo que el Estado debe garantizar el acceso de cualquier persona a la disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. En ningún momento puede ser considerado el acceso a este derecho humano, como un impuesto, derecho, producto, aprovechamiento o contribución de orden fiscal, cuando preponderantemente es un elemento imprescindible para la vida y es función del Estado el garantizar su acceso.

Por lo tanto resulta ilegal y arbitrario el artículo 128 Fracciones XXIII, de la LEY DEL AGUA, por ser contrario al propio CODIGO FISCAL MUNICIPAL artículos 4°, 5°, 6° y 7°, a la CONSTITUCIÓN artículo 1° y 31 Fracc. IV. y a los tratados internacionales, en cuanto a la definición del acceso al agua como un derecho humano.

TERCERO.- La autoridad responsable de su ejecución además de las sanciones impuestas, pretende el cobro de recargos mensuales del 4% y 5% fundando (pero únicamente mencionando sin acatar dicha disposición) y en forma supletoria del artículo 33 del CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL, sin embargo no realizó el cálculo en los términos que establece la norma, en su lugar utilizó los recargos mensuales acordados por su Consejo de Administración, desprovistos de representación popular para fijar dichos montos, cuyas resoluciones no trascienden a la esfera de los gobernados por no ajustarse a un REGLAMENTO autorizado o expedido por órgano competente de hacer leyes y tampoco es sometido a la consideración del poder legislativo.

Así mismo debe señalarse que los recargos que establecen los diversos ordenamientos hacen referencia a CONTRIBUCIONES y no al pago que deba realizarse por acceso al agua como DERECHO HUMANO indispensable para la vida.

Sin embargo tras mencionar que su resolución la motiva y funda supletoriamente en el numeral referido del CODIGO FISCAL MUNICIPAL, abandona su mecánica señalada para fijar la tasa máxima de recargos para tomar otra, que considera idónea para sus fines de violar la CONSTITUCIÓN y los diversos ordenamientos que su ilegal resolución cita.

Con mayor precisión, la autoridad responsable calcula los recargos de manera distinta a los establecidos en el artículo 33 del CODIGO FISCAL MUNICIPAL que establece, entre otros, que ”La tasa de recargos para cada uno de los meses de mora, será la que resulte de incrementar el 50% a la que mediante Ley fije anualmente el Congreso de la Unión” y las tasas de recargos establecidas por este poder soberano, es actualmente del 0.75% mensual que incrementando el 50% nos da el 1.125 % por cada mes de mora y desde el año 2004 a la fecha, los recargos no se han modificado y en ningún momento del 4% o 5% como ilegalmente pretende.

Si bien el acceso al agua como derecho humano no es una contribución ni tiene el carácter fiscal que se le pretende otorgar en la LEY DEL AGUA, el artículo 112 de dicha norma establece indebidamente que:
Artículo 112: En caso de que por cualquier causa imputable al Usuario no se pague la boleta dentro del plazo otorgado, independientemente de las sanciones derivadas del incumplimiento en términos de la legislación fiscal, en el recibo siguiente se señalará cualquier adeudo anterior más los recargos correspondientes, sin embargo su falta de especificación en el recibo respectivo no libera al Usuario deudor del pago del adeudo respectivo.
Artículo 115: El Prestador de Servicios Públicos procederá a la determinación presuntiva de contribuciones, de presentarse cualquiera de los siguientes supuestos.

Como podrá apreciarse con claridad, no existe una definición exacta de la pretensión en el cobro de acceso al agua potable, puesto que en algunos ordenamientos se refiere a un derecho y en otros a una contribución, sin que exista la certeza jurídica de la naturaleza que se pretende otorgar al servicio de acceso al agua, para fundar y motivar su cobro.

La LEY DEL AGUA, define en su artículo 7 que son “Derechos las contribuciones establecidas en la ley, por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Municipio, así como por recibir servicios que preste el Municipio en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por sus organismos” por lo tanto el acceso al agua como Derecho Humano no es considerado una contribución de mejora que proporcione su organismo descentralizado o desconcentrado.

Como ya se advirtió el acceso al agua para consumo humano, como derecho humano indispensable para la vida, es un bien de DOMINIO PÚBLICO DE LA NACIÓN y no del municipio. Así mismo dicho acceso no puede ser condicionado a su pago como una CONTRIBUCIÓN y mucho menos que en su afán recaudatorio la autoridad responsable de su cobro, imponga RECARGOS y SANCIONES que provoquen montos de insolvencia para el pago original de la presunta CONTRIBUCIÓN o derecho de acceso al servicio que tiene como DERECHO HUMANO.

Pretender imponer sanciones y recargos a los cobros de acceso al agua como derecho humano, en los términos del artículo 7, 112 de la LEY DEL AGUA, contravienen ordenamientos de la CONSTITUCIÓN que se traduce en la violación de las garantías individuales del gobernado, en virtud de que dichos ordenamientos viola los principios de justicia y legalidad fiscal  del artículo 31 Fracción IV, cuyo contenido ya fue analizado y hecho valer, agregando que:

Los derechos humanos del gobernado son de cumplimiento obligatorio para el estado y no están condicionados a su pago. Dicho más simple, las contribuciones a mejoras no es lo mismo que el concepto general de “contribuciones” y la LEY DEL AGUA no aclara ni medianamente el carácter, presumiblemente, fiscal que le pretende dar al cobro por cumplir una función pública que es imprescindible y necesaria para la vida de los gobernados.

CUARTO.- Como puede observarse la autoridad demandada cono ejecutante, en este caso el Director de SOSAPACH. Dictó una resolución carente de la debida fundamentación y motivación, repitiendo el acto que inicialmente fue combatido, agregando contraprestaciones que resultan excesivas y arbitrarias, sin fundar ni motivar el cobro de recargos a razón del 4% y 5% mensual, ni sanciones máximas, sin razonar o motivar su imposición. Así mismo el plazo otorgado de 10 días, sin alternativas de pago que eviten el corte del servicio público de manera inmediata, transgreden garantías individuales y humanas, en donde no se han agotado los mecanismos que tiene la autoridad fiscal de allegarse de la garantía de pago. Violando en mi perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales.

Nuevamente la autoridad responsable como ejecutora es omisa en cumplir la ley y en su caso, fundar adecuadamente su resolución en virtud de que no acató lo dispuesto en el artículo 33 del CODIGO FISCAL MUNICIPAL y que confiesa que lo realiza en manera supletoria, tras citar dicho numeral y al no estar debidamente fundado y motivada su resolución, está viciada en el fondo, por no cumplir con dicho ordenamiento, no obstante que lo indicó en su resolución.

En cuanto a la aplicación supletoria del artículo 33 del CODIGO FISCAL MUNICIPAL que hace valer la autoridad responsable como ejecutora, en el que funda y motiva la imposición excesiva de recargos, los tribunales han sido claros como lo indica la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la supletoriedad de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales establecidos en otras leyes; asimismo, señaló que para que dicha figura jurídica es necesario que:  a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos. B) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente. C) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir. D) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate.

Como se pronunció en la jurisprudencia 2ª)J. 34/2013 (10a.), publicada en la página 1065, Libro XVIII, Tomo 2, Marzo de 2013, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

En la especie, la autoridad responsable de la resolución que se impugna, pretende que se aplique supletoriamente el artículo 33 del CODIGO FISCL MUNICIPAL; sin embargo el artículo 1 de la LEY DEL AGUA no establece cuando y como debe expresamente la aplicación supletoria, o que el órgano embestido de autoridad para hacerlo, aplique sus propios porcentajes o montos.

Independientemente de que también se recurre como ilegal la aplicación del artículo 33 del CODIGO FISCAL MUNICIPAL, la autoridad responsable como ejecutora, no cumple con dicho ordenamiento.

Al respecto los tribunales han sido claros tras señalar que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 Constitucional, establece que todo acto de autoridad, debe encontrarse debidamente fundado y motivado. Fundamentar un acto implica indicar con precisión qué ley o leyes y cuáles de sus artículos son aplicables al caso, originan y justifican su emisión.

Motivar un acto consiste en describir las circunstancias de hecho que hacen aplicable la norma jurídica al caso concreto. La motivación es la adecuación lógica del supuesto de derechos a la situación subjetiva del particular.

Los Tribunales Administrativos de nuestro país han pronunciado un sinnúmero de criterios jurisprudenciales en los que han definido lo que debe entenderse por fundamentación y motivación. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.”

Amparo en revisión 8280/67. Augusto Vallejo Olivo. 24 de junio de 1968. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. // Amparo en revisión 9598/67. Oscar Leonel Velasco Casas. 1o. de julio de 1968. Cinco votos. Ponente: Alberto Orozco Romero. // Amparo en revisión 7258/67. Comisariado Ejidal del Poblado de San Lorenzo Tezonco, Ixtapalapa, D.F. y otros. 24 de julio de 1968. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. // Amparo en revisión 3713/69. Elías Chaín. 20 de febrero de 1970. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. // Amparo en revisión 4115/68. Emeterio Rodríguez Romero y coagraviados. 26 de abril de 1971. Cinco votos. Ponente: Jorge Saracho Alvarez.

Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca.

Revisión No. 1367/87.- Resuelta en sesión de 2 de agosto de 1990, por unanimidad de 7 votos.- Magistrado Ponente: Armando Díaz Olivares.- Secretaria: Lic. Ma. de Jesús Herrera Martínez. // R.T.F.F. Tercera Época. Año III. No. 32. Agosto 1990. p. 20

Para que tenga validez una resolución o determinación de las Autoridades responsables, se debe citar con precisión el precepto legal aplicable, así como también las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión de ese acto; además de que exista una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, o sea, que en un caso específico se configuren las hipótesis normativas, requisitos sin los cuales, no puede considerarse como debidamente fundado y motivado el acto de autoridad.

RRV-12/84-5272/83.- Parte Actora: Rosa Cañón de Andrade.- 4 de noviembre de 1986.- Unanimidad de 5 votos.- Ponente: Mag. Lic. Pedro Enrique Velasco Albin.- Secretario: Lic. Francisco Campos Salgado. // RRV-570/85-3986/85.- Parte Actora: Eduardo Tirán Arroyo.- 4 de noviembre de 1986.- Unanimidad de 5 votos.- Ponente: Mag. Lic. César Castañeda Rivas.- Secretario: Lic. José Morales Campos. // RRV-219/86-5223/85.- Parte Actora: Mónica Seas de la Cruz.- 5 de noviembre de 1986.- Unanimidad de 5 votos.- Ponente: Mag. Lic. Victoria Eugenia Quiroz de Carrillo.- Secretaria: Lic. María Carrillo Sánchez. // RRV-187/85-7961/84.- Parte Actora: Amalia V. Uribe Martínez.- 5 de noviembre de 1986.- Unanimidad de 5 votos.- Ponente: Mag. Lic. Victoria Eugenia Quiroz de Carrillo.- Secretario: Lic. Daniel Rámila Aquino. // RRV-142/81-11095/80. Parte Actora: Raúl Alfredo Hudlet Yáñez.- 7 de noviembre de 1986.- Unanimidad de 5 votos.- Ponente: Mag Lic. Moisés Martínez y Alfonso.- Secretario: Lic. Raúl Nava Alcázar.

No basta que la autoridad responsable del acto, cite el numeral, sino que debe apegarse a su norma, en su caso aplicar el procedimiento, monto y en su caso determinar el recargo correspondiente en los términos que el precepto determina y no acudir a procedimientos extraños o arbitrarios por antojo.

Antes de analizar y hacer valer el agravio de AUTORIDAD NO COMPETENTE PARA DICTAR RESOLUCIONES, se hace valer por cuestiones de naturaleza jurídica, la resolución que se combate y que pretende hacer valer la responsable, así como el alcance del artículo 33 del CODIGO FISCAL MUNICIPAL, sirviendo de apoyo en este sentido, algunas consideraciones vertidas por la segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 39/92, consultable en las páginas 246 a 277 del Tomo XII, correspondiente al mes de diciembre de 1993, Semanario Judicial de la Federación.

El objeto de dotar de mayor eficacia a las resoluciones, para fijar nuevas cuando se declare la nulidad de las que fueron recurridas, buscan evitar que, bien por ignorancia o por mala fe, la autoridad responsable de nueva cuenta, emita una resolución ilegal, que obligaría al particular a promover una y otras juicios en menoscabo de los principios de seguridad y certeza jurídica. Que en la especie ocurre, tras haberse dictado en más de una ocasión resoluciones que se han combatido ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación.

La resolución que se impugna, realiza una incorrecta fundamentación y motivación de los recargos que pretende, puesto que utilizando un procedimiento distinto a la norma establecida del artículo 33 del CODIGO FISCAL MUNICIPAL, pretende el cobro en montos distintos que el propio ordenamiento establece. Dicho más simple, la autoridad responsable como ejecutora cita el ordenamiento pero es omisa en su aplicación textual y en su lugar utiliza uno distinto desprovisto de fundamentación y motivación.

La resolución que se combate transgrede el orden jurídico al violar en perjuicio del demandante lo establecido por el artículo 16 de la CONSTITUCIÓN.

QUINTO.- La resolución que se combate dictada por la Autoridad Ejecutora del acto de molestia transgrede diversos ordenamientos CONSTITUCIONALES, además de la falta de fundamentación y motivación adecuada al acto de molestia, puesto que es dictada por una AUTORIDAD QUE CARECE DE FACULTADES PARA DICTARLA, además del cobro excesivo de recargos, sanciones y la amenaza de suspensión de servicio de agua potable.

El artículo 140 de la LEY DEL AGUA que ordena que “contra los actos y resoluciones de los Prestadores de Servicios Públicos, el afectado podrá interponer el recurso administrativo de revisión”, esto es, si quien emite dicha resolución tiene facultad o es autoridad competente para dictar dichas resoluciones, dicho más simple, si la autoridad demandada y que emite la resolución tiene competencia en el asunto o es considerada como tal en la legislación aplicable. Sin embargo el C. DIRECTOR DEL SOSAPACH, NO ES AUTORIDAD COMPETENTE y carece de facultades para dictar resoluciones por las cuales imponga cargas a los particulares. En virtud de que el DECRETO publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha viernes 8 de julio de 1994 por medio del cual se crea el ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, no le otorgó la facultad de emitir resoluciones para el cobro de adeudos, como lo establece la fracción V del ARTÍCULO SEGUNDO del mencionado DECRETO, que afirma:
“… HACER EFECTIVO EL COBRO DE LOS ADEUDOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES, REMITIENDO A LA AUTORIDAD FISCAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA O, MUNICIPIOS QUE CORRESPONDA CONFORME A LOS CONVENIOS CELEBRADOS, LAS CUENTAS DE LOS USUARIOS MOROSOS, PARA SU RECUPERACIÓN A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO POR EL TÍTULO SEPTIMO DEL CODIGO FISCAL DEL ESTADO”

Por lo tanto resultan actos ilegales, no fundados ni motivados por una autoridad, en este caso un funcionario de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, por carecer de facultades para emitir resoluciones no es susceptible agotar un procedimiento que no podrá conocer, toda vez, que la INCONSTITUCIONALIDAD del acto de molestia que se combate proviene de una autoridad que carece de facultades y por lo tanto su pretensión es ilegal y arbitraria. No puede solicitarse ni iniciarse un procedimiento administrativo ante una AUTORIDAD SIN COMPETENCIA y por lo tanto el acto por sí mismo, es nulo y una violación clara a la norma Constitucional. Puesto que al agotar un recurso ante AUTORIDAD SIN COMPETENCIA equivale a reconocer sus actos como legales, cuando carece de dicha facultad.

Cuando la Constitución en su artículo 16 establece que “nadie puede ser molestado…”, se refiere a toda clase de sujeto que tenga interrelación con el Estado, en donde el derecho se refiere principalmente al caso de particulares frente a la acción del Estado, aunque es posible también que personas morales oficiales puedan invocar la violación a estos derechos en los casos de afectación a su patrimonio cuando estén en una relación de subordinación frente a otro ente estatal, o estando en situación de coordinación, cuando exista una invasión a su esfera de atribuciones en los casos de controversia constitucional a que se refiere la fracción del artículo 105 constitucional. Excepcionalmente, podría invocarse la violación a estos derechos en acción de inconstitucionalidad, cuando el acto sea dictado por autoridad incompetente o cuando no se cumpla con el requisito de fundamentación y motivación substantivo, esto es que la medida legislativa sea inconstitucional o inconvencional.

Al respecto el artículo 140 de la LEY DEL AGUA resulta ilegal, si contra los actos y resoluciones de los Prestadores de Servicios Públicos, el afectado deba interponer el recurso administrativo de revisión, cuando dichos actos son dictados por autoridades SIN FACULTAD LEGAL para dictar dichas resoluciones.

No es posible que una autoridad sin facultad legal pueda conocer y resolver sobre sus resoluciones dictadas ilegalmente. Es de explorado derecho que únicamente pueden conocer de los Recursos de Revisión, en este caso administrativa, las autoridades que los emitan y tengan facultades para ello, tanto para dictar el acto de molestia como de conocer del procedimiento administrativo, en este caso el de Revisión, para ratificar, anular o rectificar su resolución. Sin embargo en este CASO CONCRETO, la autoridad que dictó el acto de molestia CARECE DE FACULTADES LEGALES para hacerlo.

Derivado de la ambigüedad en la resolución del artículo 140 de la LEY DEL AGUA, resulta ilegal pretender obligar a los quejosos el de agotar un Recurso de Revisión contra resoluciones dictadas por autoridades administrativas que carecen de facultad legal.

En el caso del Organismo Público Descentralizado llamado “Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula” carece de facultades fiscales para hacer efectivo el cobro de los adeudos, puesto que DEBE REMITIR A LA AUTORIDAD FISCAL DEL MUNICIPIO para su recuperación, que en los hechos no realizó.

Por lo tanto la resolución y el recurso administrativo señalado en el artículo 140 de la LEY DEL AGUA, es ilegal por carecer de una debida fundamentación y motivación. Así mismo por no hacer el señalamiento, que únicamente este recurso administrativo puede conocerlo la AUTORIDAD FACULTADA LEGALMENTE. Puesto que afirmar lo contrario sería otorgarle una FACULTAD LEGAL a quien no se le ha otorgado, siendo una violación de las garantías individuales que consagra la CONSTITUCIÓN.

La Carta Magna distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto a los actos de molestia, pues en estos últimos, pese a constituir una afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho que en su caso DEBE ser dictado por AUTORIDAD CON COMPETENCIA LEGAL PARA ELLO, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento.

Atento a lo anterior, podemos afirmar que una autoridad puede realizar un acto de acuerdo a las formalidades a las que dicho acto está sujeto para su validez constitucional, cuyos efectos sean temporales, provisionales o de naturaleza preventiva, los sujetos obligados estarán obligados para la validez de su actuación, “solamente” a contar con facultades legales para dictar el acto y a fundar y motivar la causal legal de su actuar.

Además de que el acto de molestia debe ser por escrito y firmado por la autoridad, es necesario que se cumpla el segundo requisito para su validez, que es el concepto de autoridad competente, debe entenderse que es indispensable que el funcionario que emite el acto de molestia tenga facultades para dictar la resolución. Al respecto la competencia está íntimamente ligada con el principio de legalidad, en el que mientras que el particular puede hacer todo aquello que no le está expresamente prohibido, a la autoridad corresponde únicamente hacer aquello que la ley expresamente le permite, ya que de lo contrario, se caería en el régimen de lo arbitrario.

El artículo 16 constitucional establece que nadie podrá ser molestado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Esto último implica que la autoridad, para ser competente, debe haber sido creada legalmente por quien constitucionalmente tenga facultades para hacerlo, y es claro que no cualquier ciudadano puede crear órganos de autoridad.

Por lo anterior, si la resolución que se impugnó en el juicio de amparo cuya sentencia se recurre fue dictada por una autoridad sin competencia legal, sin fundar ni motivar su resolución, lo cierto es que es inaplicable el artículo 140 de la LEY DEL AGUA, toda vez que no puede conocer del procedimiento que el ordenamiento propone.

En cuanto al fondo y redacción del artículo 140 de la LEY DEL AGUA, resulta ilegal, toda vez que se le otorgan facultades a órganos que carecen de autoridad o disposición expresa en su DECRETO de creación para emitir resoluciones. Siendo un ordenamiento vago e impreciso que contraviene disposiciones CONSTITUCIONALES consagradas en el artículo 16.

SEXTO.- El Artículo 119 otorga el carácter de autoridad fiscal y a los adeudos de un derecho humano de acceso al agua de crédito fiscal, como lo indica:

Artículo 119.- El Prestador de Servicios Públicos es autoridad fiscal con facultades económico-coactivas para determinar, comprobar, recaudar y cobrar el importe que por concepto de derechos, productos y contribuciones de mejoras le corresponda. Los adeudos de los Usuarios derivados de los conceptos antes señalados serán considerados créditos fiscales y en consecuencia corresponderá a cada Prestador de Servicios Públicos por sí, o a través de sus autoridades fiscales competentes, proceder a su cobro por la vía administrativa de ejecución prevista en esta Ley y en las leyes fiscales aplicables.

Los particulares, mediante una concesión, nunca podrán suplir o reemplazar al gobierno electo, sea del poder ejecutivo o legislativo; sea municipal, estatal o federal. Toda vez que es potestad exclusiva del gobierno y no de los particulares. Los integrantes de un ÓRGANO PÚBLICO DESCENTRALIZADO no es electo y en su lugar es designado o en su caso otorgada una concesión, los cuales, establecen relaciones con los particulares por conducto de un contrato de prestación de servicios, pero en ningún momento se someten a una potestad tributaria.

El artículo 119 de la LEY DEL AGUA viola los principios fundamentales de legalidad y otorga indebidamente facultades a particulares que transgreden el artículo 16 y 31 Fracc. IV de la CONSTITUCIÓN.

La  ley que regula lo referente a aguas nacionales, su uso y aprovechamiento, es la Ley Federal de Aguas Nacionales, en los artículos 1, 2 y 3, fracciones I, L y LVI, ya que en ellos se define en qué consiste y cómo se presta el servicio de agua potable a los hogares, y también qué se entiende por “uso doméstico”; definiciones a partir de las cuales se debe interpretar el artículo 2-A, fracción II, inciso h), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.--- -Que el servicio de agua para uso doméstico se presta de manera fundamental como un “sistema” que comprende como una parte “esencial” al drenaje o alcantarillado, y que el diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, al definir la palabra “esencia”, la toma, en una de sus acepciones, como condición inseparable de algo, por lo que drenaje, al ser un elemento esencial del sistema de agua potable y alcantarillado, no puede ser un servicio independiente del abastecimiento de agua potable a los hogares.

Las tarifas, cuotas, actualizaciones, gastos y demás cobros que pretende la Responsable, son ilegales puesto que no fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, para poder aplicar lo establecido en el Código Fiscal de la Federación (Código Fiscal Federal), toda vez, que todos los cobros de Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos que se encuentran considerados en dicho Código deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación. A contrario sensu, la no publicación de dichas cargas tributarias es ilegal.

La prestación del servicio de agua potable, se lleva a cabo mediante la celebración de un contrato administrativo de prestación de servicios y suministro de agua, en el que se estipulan las obligaciones y contraprestaciones entre las partes, donde el prestador de servicios y el beneficiario adquieren derechos y obligaciones recíprocos, por lo que la relación jurídica existente entre el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y, el usuario del servicio no corresponde a la existente entre una autoridad y un gobernado, sino la colaboración voluntaria y de correspondencia entre el interés del prestador del servicio de agua y el particular; por tanto, el ejercicio de la facultad del organismo operador de cobrar por el servicio prestado, es una consecuencia lógica y jurídica de la contraprestación estipulada en dicho contrato de prestación de servicios y suministro de agua. Pero nunca considerarse un Crédito Fiscal, por no ser de los considerados; Impuestos, Derechos, Productos o Aprovechamientos, establecidos en el Código Fiscal Federal.

Así mismo la resolución que se combate no deriva de un Crédito Fiscal, en virtud de que no pude considerarse que por el motivo de realizar un cobro, se determinen créditos fiscales, ya que en ellos no se establece un adeudo en cantidad líquida que derive de un procedimiento fiscalizador instaurado por una autoridad, tampoco determinan la existencia de una obligación fiscal ni se establece un plazo perentorio para que el actor cubra dicho adeudo con el apercibimiento que de no hacerlo, se hará efectivo a través del procedimiento administrativo de ejecución.

En la resolución que se combate, puede apreciarse que el acuerdo no deriva de un crédito fiscal, en virtud de que si bien se sabe de una pretendida cantidad total a pagar por diversos conceptos, entre ellos multas y sanciones excesivas, e impuesto al valor agregado, lo cierto es que ello no la convierte en una resolución determinante de un crédito fiscal.

La resolución que se combate en su caso se deriva de la celebración del contrato de prestación de servicios y suministro de agua, implica que el Organismo Operador Municipal de Agua Potable en donde el particular tienen obligaciones y derechos recíprocos, lo que evidencia que la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de una autoridad y un gobernado, sino a una relación de coordinación y correspondencia entre el interés del organismo operador y el particular usuario del servicio. Al respecto cita la tesis:
P. /J. 92/2001, de rubro: “AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR.”  Sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, visible en la página 693 del Tomo XIV, julio de dos mil uno, con número de registro 920119.

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009. EL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO PRIMERO, AL ESTABLECER UN DERECHO Y NO UN APROVECHAMIENTO, SE RIGE POR LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA FISCAL PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que para analizar la validez constitucional de una disposición normativa que establece una prestación patrimonial pública o contribución, por la cual se allega de un ingreso público, debe atenderse a su verdadera naturaleza jurídica con independencia de la denominación que le otorguen el legislador, las autoridades exactoras o el quejoso; tal proceder resulta metodológicamente adecuado en la medida en que para emprender el estudio constitucional de una disposición normativa, en principio debe partirse de su naturaleza jurídica para que se determinen los cánones o parámetros que a la postre deberá cumplir. En ese sentido, del análisis de la naturaleza jurídica de los "aprovechamientos" establecidos en el artículo 10, párrafo primero, de la Ley de Ingresos de la Federación para 2009, se advierte que sus supuestos normativos son idénticos al hecho imponible de los derechos previstos en el artículo 289, fracción I, de la Ley Federal de Derechos vigente en 2005, por lo que aun cuando el legislador los denomine "aprovechamientos", en realidad se trata de una contribución en su categoría o especie de derechos, al existir identidad en la materia gravable, esto es, se cobra por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación (espacio aéreo mexicano) o por la prestación de servicios en el ejercicio de las funciones de derecho público por los que no se establecen derechos o que por cualquier causa legal no se paguen (derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espacio aéreo). De ahí que el artículo 10, párrafo primero, de la Ley de Ingresos de la Federación para 2009, se rige por los principios de justicia fiscal previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Época: Décima Época; Registro: 2000386; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1; Materia(s): Constitucional; Tesis: 1a. XXXIX/2012 (10a.); Página: 279:

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009. EL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO PRIMERO, AL ESTABLECER UN DERECHO Y NO UN APROVECHAMIENTO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.  El referido precepto legal en la porción normativa señalada establece que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar los aprovechamientos que se cobrarán en el ejercicio fiscal mencionado, por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación o por la prestación de servicios en el ejercicio de las funciones de derecho público por los que no se establecen derechos o que por cualquier causa legal no se paguen. Ahora, del análisis de la naturaleza jurídica de los "aprovechamientos" establecidos en el citado precepto y porción normativa de la ley de ingresos para dicho ejercicio, se advierte que sus supuestos normativos son idénticos al hecho imponible de los derechos previstos en el artículo 289, fracción I, de la Ley Federal de Derechos vigente en 2005, por lo que aun cuando el legislador los denomine "aprovechamientos", en realidad se trata de una contribución en su categoría o especie de derechos, al existir identidad en la materia gravable, esto es, se cobra por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación (espacio aéreo mexicano) o por la prestación de servicios en el ejercicio de las funciones de derecho público por los que no se establecen derechos o que por cualquier causa legal no se paguen (derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espacio aéreo). En consecuencia, si el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que sea el legislador y no las autoridades administrativas quien establezca los elementos cualitativos de las contribuciones (sujeto y objeto), mediante un acto formal y materialmente legislativo, en aras de que, por una parte, se cumpla con el principio de autoimposición y, por otra, exista certeza sobre la forma en cómo los contribuyentes deben cumplir sus obligaciones fiscales, de manera que no quede margen a la arbitrariedad de las autoridades exactoras, es inconcuso que el artículo 10, párrafo primero, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2009 transgrede dicho principio, pues delega en el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la fijación o modificación de los derechos -no de los aprovechamientos, como los denominó el legislador- que se cobrarán en el ejercicio fiscal mencionado, por los supuestos que establece, con lo cual no es el legislador sino una autoridad administrativa quien determinará la contribución a pagar, lo que evidentemente subvierte el canon constitucional mencionado.

Consecuentemente, se vulnera el principio de legalidad y de seguridad jurídica contenido en el artículo 16 de la Constitución Federal, al pretender la autoridad responsable clasificar como una CONTRIBUCIÓ el ingreso diverso por acceso al agua como derecho humano y sujeto a un pago para continuar con dicho derecho como lo pretende el artículo 117 y 119 de la LEY DEL AGUA.

SEPTIMO.- El artículo 117 de la LEY DEL AGUA establece la Estructura Tarifaria para el cobro de los derechos, de los productos y de las contribuciones de mejoras, pero en ninguna parte de dicho ordenamiento incluye el de RECARGOS.

La ilegalidad del artículo 133 de la LEY DEL AGUA establece que:
Para sancionar las infracciones anteriores, el Prestador de Servicios Públicos calificará las conductas correspondientes, tomando en consideración lo siguiente:
I. La gravedad de la falta;
II. La condición económica del infractor; y
III. La reincidencia del infractor.
Sin embargo dicha norma es omisa cuando la resolución que se emite es en cumplimiento de una sentencia por actos responsabilidad de la autoridad que la emitió y se deriva de actos viciados de origen, esto es, cuando la falta de pago se deriva de un litigo y dado el resultado a favor del quejoso, la autoridad pretende satisfacer su pretensión de cobrar cargas, que por el transcurso del tiempo resultan en daño al patrimonio del quejoso, cuando en los hechos, el motivo de su queja fue una violación a sus garantías individuales.

En la resolución que también se combate por esta vía, debe señalarse que la misma carece de la debida fundamentación en cuanto a la pretensión en el cobro del 75% del importe de CONTRIBUCIONES y RECARGOS como SANCIÓN de una resolución que fue dictada ilegalmente por la responsable y no por el quejoso. En donde el tiempo transcurrido y la orden SUSPENSIÓN del acto de molestia se debe a violación de las garantías individuales del quejoso.

En cuanto a la pretensión de la autoridad responsable como ejecutora de imponer una sanción fija y excesiva del 75% del total de CONTRIBUCIONES y RECARGOS calculados a su arbitrio, en términos del artículo 130 de la LEY DEL AGUA, resulta ilegal y arbitrario, por los diversos planteamientos jurídicos vertidos hasta aquí, así mismo resulta un importe FIJO sin tener argumentación alguna, ni fijar dicho ordenamiento un máximo y mínimo, ni un análisis del planteamiento por la cual impone dicha sanción, cuando la falta de pago de la presunta CONTRIBUCIÓN se deriva de irregularidades del ORGANISMO o autoridad responsable como ejecutora. Al respecto resulta relevante los criterios que han establecido los tribunales al considerar que:

MULTAS FIJAS. INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 76, FRACCION III DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, QUE LAS AUTORIZA. El artículo 22 de la Constitución General de la República, proscribe la imposición excesiva. Aunque dicho numeral no lo explica, por multa excesiva debe entenderse según la acepción gramatical del término "excesivo" y de las interpretaciones realizadas por la doctrina y jurisprudencia, todas aquellas sanciones pecuniarias que rebasen el límite de lo ordinario o razonable; estén en desproporción con la gravedad del ilícito fiscal, ya sea por sus consecuencias, por lascondiciones en que se cometió o por el monto de la cantidad cuya contribución se omitió si éste es el caso; que resulten desproporcionadas con el monto del negocio; y por último, que estén en desproporción con la capacidad económica del multado. Lo anterior es lógico, si se toma en cuenta que la finalidad que persigue este tipo de sanciones es, además de intimidatoria, la de evitar la reincidencia de los infractores, mas no la de terminar con sus patrimonios, a lo cual inevitablemente se llegaría de aceptarse la imposición de multas que rebasen su capacidad económica, circunstancia ésta que adquiere mayor relevancia en tratándose de sociedades o empresas, pues se acabaría con fuentes de empleo y se dejarían de
percibir los impuestos generados tanto por ella como por sus empleados, con el correspondiente perjuicio para la sociedad y el propio Estado. Ahora bien, como es evidente que la única forma de evitar la imposición de sanciones pecuniarias irrazonables o desproporcionadas, y por tanto excesivas que contraríen la disposición constitucional comentada, es otorgándole a la autoridad pleno arbitrio para valorar la gravedad del ilícito en
los términos ya anotados, el monto del negocio y las condiciones económicas del infractor, y además para imponer las sanciones que consideren justas dentro de un mínimo y un máximo, necesariamente habrá de concluir que todas aquellas leyes o preceptos que no concedan a la autoridad estas facultades, aunque sea implícitamente, y a menos, claro está, que la multa autorizada sea indiscutiblemente mínima como las contempladas en el artículo 21 de nuestra Carta Magna o sus equivalentes en tratándose de personas morales, riñen directamente con la
garantía consagrada en el artículo 22 de este mismo cuerpo de leyes. En tal orden de ideas, si el artículo 76, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en que se apoyó, la Sala Fiscal
responsable para confirmar la multa que reclama la sociedad quejosa, autoriza la imposición
de una multa fija, equivalente al 150 % sobre la contribución omitida, debe concluirse entonces que dicho precepto resulta inconstitucional por no permitir la aplicación de una multa acorde con los extremos de que se trata y, por ende, con el mandato contenido en el artículo 22, de nuestra Carta Fundamental.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.
Amparo directo 248/88. Ley, S.A. 8 de marzo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente:Enrique R. García Vasco. Secretario: Humberto Bernal Escalante. Amparo directo 25/90. Gonhermex, S.A. de C.V. 6 de septiembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Ricardo Ramos Carreón. Secretario: Humberto Bernal Escalante. Amparo directo 410/91. Salvador González López. 20 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José R. Cuevas Zavala. Secretario: José Luis Borrego Verdín. Amparo directo 295/91. Cristahielo, S.A. de C.V. 27 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José R. Cuevas Zavala. Secretaria: Carmen Alicia Bustos Carrillo. Amparo directo 273/92. Distribuidora V. del Noroeste, S.A. 4 de febrero de 1993.Unanimidad de votos. Ponente: José R. Cuevas Zavala. Secretaria: Carmen Alicia Bustos215769. V.1o. J/21. Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 67, Julio de 1993, Pág. 48. Carrillo.

El artículo 130 Y 133 de LA LEY DEL AGUA resulta ilegal y arbitrario al otorgarle ventajas económicas al Prestador de Servicios Públicos en contra del gobernado. Al no establecer con claridad y absoluta imparcialidad las excepciones para su cobro. Lo cual contraviene el artículo 14, 16, 22 y 31 Fracc. IV de la CONSTITUCIÓN.

OCTAVO.- Resulta ilegal el Artículo 137 de la LEY DEL AGUA que afirma:
Podrán beneficiarse con un descuento del cincuenta por ciento sobre el monto de las multas impuestas, sin necesidad de resolución que la autorice, los infractores que dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución a que se refiere el artículo anterior, paguen al Prestador de Servicios Públicos las multas correspondientes. Dicho pago implicará el reconocimiento de la infracción y el consentimiento de la multa así como de la resolución que determine las mismas

El pago con descuento del cincuenta por ciento en multas impuestas, no es garantía de que el Prestador de Servicios Públicos actúe dentro de la legalidad, es y debe ser, una forma de garantizar un adeudo, pero el particular podrá hacer valer sus derechos, no obstante el haber pagado dicho adeudo “con descuento”, en virtud de que los actos de autoridad viciados de origen o arbitrarios contravienen el orden CONSTITUCIONAL. El de afirmar lo contrario, se estaría en la hipótesis de que los fines económicos están sobre los legales y es función del estado o en este caso del Prestador de Servicios Públicos, el de allegarse recursos económicos por convenios que de fondo pueden ser arbitrarios o ilegales, lo cual se traduce en una vulneración de las defensas jurídicas del gobernado y corrupción de la función pública, en violación flagrante al artículo 1°, 14°, 16° y 31 Fracc. IV de la CONSTITUCIÓN.

LEGISLADOR ORDINARIO, ALCANCE DE LAS FACULTADES DEL, PARA DICTAR NORMAS SOBRE INSTITUCIONES JURIDICAS ESTABLECIDAS. Las facultades otorgadas por la Constitución al legislador ordinario para dictar normas sobre las instituciones jurídicas establecidas y cuya existencia supone el legislador constituyente, no abarcan las de trastornar la naturaleza de dichas Instituciones, esto es, la facultad de desnaturalizarlas, ni las de sustituir por otras sus elementos esenciales, por lo que mediante una simple declaración legislativa no se puede cambiar una obligación de fuente contractual de naturaleza mercantil, en un crédito fiscal, lo cual contraría nuestro Pacto Fundamental, que solo autoriza al H. Congreso de la Unión para legislar en materia de comercio, es decir, para la promulgación de leyes encaminadas al mejor régimen normativo de los actos, problemas o situaciones de tal naturaleza; pero no para cambiar la esencia jurídica de los actos, ni para darles un doble carácter pretendiendo que para los particulares sean de derecho privado y declarando que para el Estado son de derecho público, pues nuestra Carta Magna reserva al legislador constituyente esta clase de facultades expresas, es claro que al no estar consignadas en la Constitución para el legislador ordinario, éste no puede arrogárseles. Consecuentemente, si nos encontramos en presencia de una obligación puramente contractual, que por su esencia y naturaleza jurídicas repugna y excluye los caracteres que identifican el crédito fiscal, debe concluirse que nunca una obligación contractual que se rige por el derecho privado puede ser transformada en crédito fiscal regido por el derecho público, sin desnaturalizar las instituciones jurídicas y los principios generales de derecho, además de que, para esto las autoridades no tienen facultades constitucionales, toda vez que nuestra Constitución no funda precisamente estos principios generales de derecho y los acepta, así como sus instituciones, al mencionarlas en su articulado sin dar definición de las mismas, cambiando o tratando de variar alguno de sus elementos.

Es de destacar que ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostener que los ingresos públicos deben determinarse de conformidad con su naturaleza y no en virtud de su denominación. En ese sentido, el acceso al agua en cantidad suficiente para uso doméstico como un derecho humano por el cual la LEY DEL AGUA pretenda darle un carácter de CREDITO FISCAL desvirtuando su naturaleza y equiparar la misma actividad como una contribución.

NOVENO.- No se agota ni ocurre a realizar el RECURSO DE REVOCACIÓN de la RESOLUCIÓN que se combate en virtud, de que como la misma establece es dictada en atención al CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA DE AMPARO, y al respecto el artículo 145 de la LEY DEL AGUA establece en su fracción III.- “Sean el mismo acto por el que el recurrente haya interpuesto otro recurso o medio defensa… (…) V.- Sean resoluciones dictadas en el recurso administrativo de revisión, en cumplimiento de éstas o de sentencias.” en este caso la demanda de amparo resuelta por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.

DECIMO.- La autoridad responsable como ejecutora funda y motiva indebidamente su actuación a los ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN del SOSAPACH y refiere a un ordenamiento con artículos y fracciones, sin que sea un REGLAMENTO o LEY expedida por autoridad competente y/o poder soberano. Lo cual se traduce en una violación a las garantías individuales del gobernado, en este caso del quejoso, tras conculcarse sus derechos consagrados en el artículo 14 y 16 Constitucionales. Por lo que la resolución que se combate contraviene disposiciones de orden CONSTITUCIONAL al no estar debidamente fundado y motivado, refiriéndose en algunos casos a ordenamientos legales inexistentes o viciados de validez.

DECIMO PRIMERO.- La autoridad responsable como ejecutora NO PROPORCIONA EL SERVICIO DE SANEMIENTO como lo demuestran los hechos que se han citado en el capítulo respectivo, por lo cual no existe daño ni corresponde sanción a un cobro por servicio que no proporciona.

Siendo contrario a las disposiciones establecidas en la LEY DEL AGUA y diversos ordenamientos citados con anterioridad que se solicita se tengan aquí reproducidos. Por lo que el cobro de un servicio que no proporciona, se traduce en una indebida fundamentación y motivación de la resolución que se impugna y transgresor del artículo 16 Constitucional.

DÉCIMO SEGUNDO.- Por lo anteriormente expuesto debe señalarse que:

GASTO PÚBLICO. EL PRINCIPIO DE JUSTICIA FISCAL RELATIVO GARANTIZA QUE LA RECAUDACIÓN NO SE DESTINE A SATISFACER NECESIDADES PRIVADAS O INDIVIDUALES. El principio de justicia fiscal de que los tributos que se paguen se destinarán a cubrir el gasto público conlleva que el Estado al recaudarlos los aplique para cubrir las necesidades colectivas, sociales o públicas a través de gastos específicos o generales, según la teleología económica del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza que no sean destinados a satisfacer necesidades privadas o individuales, sino de interés colectivo, comunitario, social y público que marca la Ley Suprema, ya que de acuerdo con el principio de eficiencia -inmanente al gasto público-, la elección del destino del recurso debe dirigirse a cumplir las obligaciones y aspiraciones que en ese ámbito describe la Carta Fundamental. De modo que una contribución será inconstitucional cuando se destine a cubrir exclusivamente necesidades individuales, porque es lógico que al aplicarse para satisfacer necesidades sociales se entiende que también está cubierta la penuria o escasez de ciertos individuos, pero no puede suceder a la inversa, porque es patente que si únicamente se colman necesidades de una persona ello no podría traer como consecuencia un beneficio colectivo o social.

Por lo tanto, una vez acreditada la inconstitucionalidad en forma individual de los diversos ordenamientos de la LEY DEL AGUA, artículos 99 fracción l, 128 Fracción XXIII, artículo 130 Fracción XVII, 133, 137  y 140, así como el 33 del CODIGO FISCAL MUNICIPAL, al pretender dichos dispositivos rebasar los principios de justicia y legalidad fiscal consagrados en el artículo 31, fracción IV, y en contra del espíritu y protección de los artículos 1°, 14° y 15° de la CONSTITUCIÓN y al respecto los tribunales han sido claros al otorgar:

AMPARO CONTRA LEYES. LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ÉSTAS PUEDE DERIVAR DE LA CONTRADICCIÓN CON OTRAS DE IGUAL JERARQUÍA, CUANDO SE DEMUESTRE VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.